Los cambios regulatorios que se pretende introducir en materia de financiamiento de la política luego de los casos de aportes irregulares a campañas electorales  terminarán por favorecer a los políticos que se han visto involucrados en estos hechos.

Es frecuente en políticas públicas que algo así ocurra. Leyes que pretenden una cosa y en definitiva provocan el efecto contrario.

Varios efectos indeseables se producirán, por las siguientes razones:

Primero, todas las disposiciones que se han presentado hasta la fecha tienden a disminuir el dinero disponible para campañas electorales, tanto porque se limitan o derechamente 00prohíben los aportes en el caso de empresas y personas naturales, como por el hecho de que se establecen límites de gasto más exigentes.

Ello parece razonable a primera vista, a todos nos carga la proliferación de “palomas”. El problema es que, como está ampliamente demostrado en la literatura especializada, los límites de gasto tienden a favorecer a los políticos que ocupan actualmente los cargos (incumbentes) o a los que detentan posiciones en el Gobierno como Jefes de Servicio, Superintendentes, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores o Intendentes. Esto, en desmedro de “nuevos entrantes”, gente que se incorpora por primera vez a la política y que por no ser conocidos públicamente necesitan hacer campañas que les den visibilidad. En el extremo, si no se permite gasto alguno en campañas sólo serán conocidos los incumbentes y tienen por lo tanto todas las de ganar.

Esto es muy negativo para lograr una renovación de la política que hoy día aparece como algo muy deseable dados los bajos niveles de prestigio que tienen los parlamentarios y los políticos en general. Los incumbentes tienen una ventaja desde ya frente a sus desafiantes, y por eso sería adecuado que los límites de gasto para los primeros sean menores que los de los segundos, como una manera de equiparar esa ventaja.

Segundo, las restricciones tenderán a “farandulizar” la política, ya que si es muy difícil hacerse conocido a través de las campañas, entonces habrá que recurrir a figuras que son conocidos en otros ámbitos. Artistas, futbolistas y gente de la televisión corren con ventajas y serán entonces tentados por los distintos partidos para presentarse como figuras. Sin que haya objeción a que alguno de ellos ocupe una posición política, no se ve razón para que sean favorecidos de esa manera y nada garantiza que sean las personas más idóneas para legislar o para ocupar cargos de gestión pública.

No sólo tendremos gente del mundo del espectáculo como protagonistas de la política, sino además se convertirán en factores importantes en las campañas. En efecto, hay una discriminación en prohibir a alguien apoyar con su dinero a un político y sin embargo permitirle a otro que utilice su prestigio o popularidad para apoyar a un candidato. De alguna manera en los dos casos el “donante” se desprende de parte de su patrimonio en beneficio de un candidato. Quizás por eso, la Corte Suprema de los Estados Unidos considera que limitar los aportes a causas políticas es un atentado a la libertad de expresión.

Tercero. Las modificaciones al sistema electoral también tendrán un efecto negativo sobre la competencia en política. La eliminación del sistema binominal ha dado origen a un nuevo sistema proporcional que tiene algunas características que nos hacen pensar esto. De partida en lugar de elegir dos diputados por distrito se elegirán más, en algunos casos tres en otros seis, en otros ocho. Así, los distritos serán territorios mucho más grandes y con mayor población que los de antaño. Con esto, nuevamente será más difícil para un nuevo entrante competir con los que ya son conocidos. Como si esto fuera poco, el significativo aumento en el número de diputados (de 120 a 135) permitirá a los actuales diputados contar con nuevos distritos que probablemente garantizarán su elección.

Por ello, pese a que en la literatura especializada hay argumentos a favor y en contra de poner límites al número de períodos que un parlamentario debiera poder servir, pareciera que la necesidad de renovar la política e introducirle más competencia a los incumbentes debiera hacernos pensar en poner límites a la reelección.

Con todo, el conjunto de cambios que se están proponiendo, para variar sin una discusión seria ni adecuada reflexión, terminarán muy probablemente favoreciendo a los políticos actuales.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-