Cualquier propuesta en la materia debiera propender a calibrar en un justo equilibrio principios tales como transparencia, probidad, participación, autonomía y competencia en el sistema político. Sin embargo, una visión general de la propuesta de la  Comisión Engel, como también de la selección de medidas recogidas por el Ejecutivo, no permiten complacer a cabalidad aquella condición.

Dentro de los puntos más destacables de la propuesta están, por un lado, la decidida opción por extender el sistema de Alta Dirección Pública a los gobiernos locales a efectos de contener el uso de plantas de personal como instrumento de activismo político e intervención electoral y de paso elevar los estándares de profesionalización de los mismos. El impacto de esta medida, particularmente en regiones, podría ser sustantivo. También parecen relevantes las disposiciones que fortalecen el Servicio Electoral de cara a los desafíos que esta nueva agenda democrática impone y la propuesta de establecimiento de un Servicio de Evaluación de Políticas Públicas que permita evaluar con mayor autonomía los programas públicos.

Más discutibles, parecen algunas de las recomendaciones en materia de financiamiento de la política, donde existe una firme inclinación hacia el predominio estatal sin claros incentivos a la promoción o estímulo de financiamiento ciudadano, que es la forma más idónea de solventar la actividad. En este mismo ámbito, destaca la falta de consenso dentro de la propia comisión respecto de áreas sensibles como el aporte de personas jurídicas a la actividad política, cuestión que se refleja en los votos de minoría por parte de algunos de sus consejeros a la propuesta de prohibirlos; y la existencia de dos claras visiones por parte de sus integrantes en cuanto a la eliminación o no de los aportes anónimos para donaciones inferiores a 20 UF, sin la posibilidad de aportes anónimos para montos pequeños es muy difícil que existan incentivos reales a la donación de particulares. Finalmente, el catálogo de propuestas para el financiamiento político desconoce las necesidades de mayor competencia que debieran promoverse en la relación que se genera entre un candidato incumbente (que busca la re-elección) y el desafiante. Al respecto, no hay sugerencias concretas que permitan equilibrar aquella relación.

Columna de Jorge Ramírez, Coordinador del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, publicada en medios regionales de El Mercurio.-