La semana pasada se firmó el proyecto de ley que introduce cambios en la normativa que rige a los docentes del sector municipal y extiende parte de ésta a los docentes del sector particular subvencionado y de administración delegada.

Entre otras medidas, el proyecto establece una Certificación obligatoria que será implementada y ejecutada por el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Docentes (CPEIP), dependiente del Ministerio de Educación. Ésta se compondrá de una Prueba de Conocimientos y de un Portafolio como el que incluye la actual Evaluación Docente, que consiste en el video de una clase y material preparado por el profesor para evidenciar sus buenas prácticas pedagógicas. Los resultados de esta Certificación, así como los años de Experiencia del profesor, permitirán ubicarlo en alguno de los cinco Tramos de Desarrollo Profesional, cada uno de los cuales irá ligado a una Asignación extra para aumentar su remuneración. Asimismo, constituirá un mecanismo de salida para quienes no logren certificarse en el tramo adecuado al cabo de unos años.

Celebramos que el Gobierno haya buscado un mecanismo para aumentar la relevancia del desempeño del docente a la hora de determinar su remuneración y que además lo considere de alguna forma como causal de desvinculación. Creemos, sin embargo, que se está confiando excesivamente en la labor del CPEIP y que la evaluación propuesta tiene demasiado de centralismo: no hay antecedentes para pensar que ésta podrá recoger correctamente las diferencias en el contexto en que se desenvuelven los docentes en cada rincón del país. En este sentido, somos partidarios de avanzar hacia una medición descentralizada del desempeño que tome en cuenta la realidad de cada establecimiento y de sus alumnos, y que se adecúe a sus propias metas. Para esto, se debiera fortalecer el rol del Director -que queda fuera de este proyecto, a pesar de ser el llamado a liderar el proceso educativo-, entregándole más poder en las decisiones concernientes a la evaluación y gestión de sus profesores.

Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-