
Entre otras medidas, el proyecto establece una Certificación obligatoria que serĆ” implementada y ejecutada por el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Docentes (CPEIP), dependiente del Ministerio de Educación. Ćsta se compondrĆ” de una Prueba de Conocimientos y de un Portafolio como el que incluye la actual Evaluación Docente, que consiste en el video de una clase y material preparado por el profesor para evidenciar sus buenas prĆ”cticas pedagógicas. Los resultados de esta Certificación, asĆ como los aƱos de Experiencia del profesor, permitirĆ”n ubicarlo en alguno de los cinco Tramos de Desarrollo Profesional, cada uno de los cuales irĆ” ligado a una Asignación extra para aumentar su remuneración. Asimismo, constituirĆ” un mecanismo de salida para quienes no logren certificarse en el tramo adecuado al cabo de unos aƱos.
Celebramos que el Gobierno haya buscado un mecanismo para aumentar la relevancia del desempeƱo del docente a la hora de determinar su remuneración y que ademĆ”s lo considere de alguna forma como causal de desvinculación. Creemos, sin embargo, que se estĆ” confiando excesivamente en la labor del CPEIP y que la evaluación propuesta tiene demasiado de centralismo: no hay antecedentes para pensar que Ć©sta podrĆ” recoger correctamente las diferencias en el contexto en que se desenvuelven los docentes en cada rincón del paĆs. En este sentido, somos partidarios de avanzar hacia una medición descentralizada del desempeƱo que tome en cuenta la realidad de cada establecimiento y de sus alumnos, y que se adecĆŗe a sus propias metas. Para esto, se debiera fortalecer el rol del Director -que queda fuera de este proyecto, a pesar de ser el llamado a liderar el proceso educativo-, entregĆ”ndole mĆ”s poder en las decisiones concernientes a la evaluación y gestión de sus profesores.
Columna de MarĆa Paz Arzola,Ā Investigadora del Programa Social deĀ Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-Ā