La Presidenta Bachelet ha deslizado en dos entrevistas la idea de volver al voto obligatorio. El argumento que plantea la mandataria es una suerte de “decepción” respecto del nivel de compromiso cívico de la población. “La razón por la que apoyé el voto voluntario era porque yo estaba segura, creía que los chilenos teníamos un espíritu cívico más alto (…) y honestamente me equivoqué“, señaló en su entrevista a TVN el domingo pasado. A continuación, argumentaré por qué la presidenta aborda la problemática desde un enfoque equivocado.

1.  El primer error de la Presidenta pasa por hacerse cargo del problema desde una perspectiva autoreferenciada. Bachelet se muestra decepcionada con la baja demanda política de los electores por participar vía sufragio, siendo incapaz de asumir el problema de fondo, que es más bien de oferta política. Si la gente no participa es en buena medida porque considera que las propuestas en disputa son poco atractivas, el nivel de la discusión pública es bajo y los actores políticos -a ratos- figuran más en la esfera pública por escándalos que por su labor de representación. Al parecer, la Presidenta -en este punto- sigue los consejos de su ex vocero Francisco Vidal cuando dijo que “a veces hay que cerrar los ojos“.

2. Reponer un sistema de obligatoriedad del sufragio, a menos de cinco años de haber sido aprobado el voto voluntario por prácticamente los mismos actores políticos de hoy, no sólo sería insólito desde el punto de vista de la política comparada -ninguna democracia consolidada ha hecho esta reversa y menos en tan poco tiempo-, sino que devela un problema mayor de la clase política: optar siempre por el camino fácil y efectista.

3. En relación al anterior punto, la acción política responsable sugeriría abordar el problema de la desafección desde una perspectiva integral. Al parecer, el gobierno considera mejor obligar a los jóvenes a votar, que promover programas de educación cívica que formen capacidades y valores en ciudadanía de sus futuras generaciones. En consecuencia, el mensaje que se transmite es que no hay compromiso con la promoción de valores democráticos, sino que sólo hay disposición a la sanción.

4. Un sistema de obligatoriedad del voto bajo sanción no encaja con el inconsistente mensaje de desigualdad que plantea la Presidenta. Evidentemente, la sanción monetaria por no participar golpea más a los más pobres que a los ricos. Si un elector con recursos no se siente representado por la oferta programática, tiene capacidad de pagar la multa, pero ¿qué pasa con quien no tiene los medios? ¿Le imponemos votar nulo o blanco? ¿No es eso una forma solapada de paternalismo?

5. Finalmente, la Presidenta somete a un criterio consecuencialista una cuestión que debiera ser de principios. Existe un rico debate normativo entre quienes creemos que el voto es un derecho antes que un deber, y quienes sostienen lo contrario, con buenas razones en caso y caso. Pero señalar que la única razón para imponer el voto obligatorio pasa por el hecho de que la gente vota en proporciones bajas es una decepción.

Columna de Jorge Ramírez, Coordinador del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-