Tras un errĆ”tico manejo del escĆ”ndalo Caval, el Ejecutivo apelĆ³ a una fĆ³rmula de salida transversal para la coyuntura actual de nuestro sistema polĆtico: una crisis de confianza y legitimidad derivada de malas prĆ”cticas vinculadas principalmente a mecanismos irregulares en el financiamiento de campaƱas y la existencia de antecedentes en materia de uso de informaciĆ³n privilegiada.
De este modo, el Gobierno, a partir de un diseƱo inteligente, logra con la mirada expertos y representantes de la sociedad civil una fĆ³rmula que posibilita una aproximaciĆ³n tĆ©cnica, pero que es tambiĆ©n consciente de la oportunidad polĆtica a la hora de restaurar el principio de transparencia y probidad como elementos rectores del ordenamiento institucional y accionar polĆtico.
Sin embargo, el principal riesgo de este tipo de instancias dice relaciĆ³n con la capacidad de abstracciĆ³n y de aplicaciĆ³n de criterios de prudencia en las medidas que se propongan. La tentaciĆ³n de aplicar un maximalismo regulatorio, muy de la mano del clamor popular, no parece ser una fĆ³rmula idĆ³nea para la eficacia de las normativas adoptadas. Se sebe legislar con razones mĆ”s que con pasiones, sĆ³lo asĆ las nuevas disposiciones serĆ”n asimiladas en su integridad.
La comisiĆ³n tambiĆ©n debiera considerar en sus orientaciones los principios de competencia y libertad. Por ejemplo, si en materia de financiamiento de la polĆtica el maximalismo regulatorio finalmente se impone, restringiendo a todo evento el aporte de empresas -que debiera permitirse acompaƱado de reglas claras en materia de publicidad y transparencia-, y se aplican lĆmites demasiado acotados al gasto electoral, los Ćŗnicos beneficiados serĆ”n los candidatos titulares del cargo, puesto que poseen tanto redes polĆticas como la popularidad que ofrece la vitrina del cargo. Se verĆ”n asĆ perjudicados los candidatos que quieran desafiar a esos titulares, quienes no podrĆ”n acceder a fuentes de financiamiento para difundir su mensaje y donde los mĆ”rgenes para poder hacerlo serĆ”n tambiĆ©n cada vez mĆ”s limitados, afectando la competitividad del sistema.
Por Ćŗltimo, conforme al principio de libertad, el sistema adoptado debiera posibilitar y fomentar los aportes ciudadanos en pequeƱos montos a los proyectos polĆticos que estimen afines, resguardando tambiĆ©n el derecho a la reserva de la preferencia polĆtica, para asĆ evitar potenciales acosos y represalias polĆticas.
Columna de Jorge RamĆrez,Ā Coordinador del Programa Sociedad y PolĆtica deĀ Libertad y Desarrollo, publicada en Medios Regionales de El Mercurio.-
