El llamado proyecto de Ley que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales en realidad tiene muy poco de āmodernoā. PodrĆa ser vĆ”lido en el esquema industrial de hace medio siglo, de economĆas cerradas con grandes empresas monopĆ³licas u oligopĆ³licas, cuya producciĆ³n era relativamente estable, no sĆ³lo en cantidades, sino tambiĆ©n en el tipo de bienes que producĆan.
El contexto actual es opuesto: barreras comerciales cada vez menores, constante cambio tecnolĆ³gico y un grado elevado de obsolescencia. Este es el mundo que enfrentan actualmente las empresas, grandes y pequeƱas, pero que es mĆ”s complejo para las segundas, por cuanto tienen menor acceso al mercado financiero y son menos diversificadas. De aprobarse este proyecto, las normas que regirĆan los derechos colectivos serĆan muy adversas para el mundo de la pyme, y para muchas de ellas podrĆa ser definitivamente letal.
No se trata de satanizar los sindicatos ni menos la negociaciĆ³n colectiva. Por el contrario, especialmente en empresas de mayor tamaƱo, facilitan la comunicaciĆ³n y los acuerdos, ya que puede ser complejo para el empleador enfrentar negociaciones individuales. De hecho, la mitad de las empresas de mĆ”s de 200 trabajadores tiene actualmente sindicato, y la tasa de sindicalizaciĆ³n en ese grupo de trabajadores es superior al promedio de la OCDE. Sin embargo, a travĆ©s de la titularidad sindical, el impedimento para el empleador de extender beneficios y la amenaza de prĆ”ctica antisindical en la negociaciĆ³n individual, tendremos una sindicalizaciĆ³n forzada. Los trabajadores serĆ”n remunerados de acuerdo con la productividad promedio, impidiendo al empleador premiar el esfuerzo individual, con un impacto evidente en los incentivos.
Adicionalmente, el fin del reemplazo en la huelga y el impedimento del descuelgue de trabajadores es difĆcil de enfrentar para una empresa pequeƱa. La gran empresa cuenta con recursos suficientes para plantear acuerdos satisfactorios a la dirigencia sindical, estructuras que resultan inviables para empresas de menor tamaƱo. De esta forma, la huelga puede ser financieramente letal para una empresa mediana o pequeƱa, que en muchos casos es parte de la cadena productiva de otra gran empresa. Pasa a ser, por ende, un instrumento de presiĆ³n incontrarrestable. El sindicato capta una renta transitoria, que afecta el desarrollo futuro de la empresa y tambiĆ©n en forma significativa los incentivos para emprender.
El piso mĆnimo es de igual forma una traba mayor para la pyme, que por su naturaleza se ve enfrentada a ingresos muy variables en el tiempo, no sĆ³lo producto del ciclo econĆ³mico, sino tambiĆ©n por tener estructuras de producciĆ³n poco diversificadas. Lo mismo es cierto respecto a la legalizaciĆ³n del sindicato interempresa, que enfrentarĆ” al pequeƱo empresario, ya no a negociar con su sindicato, sino con una organizaciĆ³n con mĆ”s poder y otros intereses, que responde a la realidad de un rubro, y no la de un empresario en particular. En muchos casos la respuesta de los empleadores serĆ” ācartelizarse o morirā, con el evidente daƱo a los consumidores.
Pero, probablemente, el elemento mĆ”s negativo para las pequeƱas empresas es la imposibilidad de establecer pactos, que les permitan ajustar sus necesidades laborales a la realidad de su negocio. Inevitablemente deberĆ”n ajustarse a la rigidez del CĆ³digo del Trabajo en tĆ©rminos de jornadas y otros. En el corto plazo se sumarĆ” tambiĆ©n el fin de la llamada āpolifuncionalidadā, que es constitutiva de su naturaleza. En definitiva, en el gobierno de Michelle Bachelet se empezarĆ” a escribir el āadiĆ³s a la pymeā daƱando no sĆ³lo a los emprendedores, sino tambiĆ©n y principalmente, una fuente de trabajo esencial en nuestra economĆa.
Columna de Cecilia Cifuentes, Economista Senior de LyD, publicada en La Tercera.-
