Columna de Francisco Orrego, Consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.

Es sabido que el mercado del cobre es muy dinámico y fuertemente dependiente de la actividad china, para la que existen perspectivas de una desaceleración con un componente estructural, lo que indica que se requieren reformas estructurales para revertirlo. En este sentido, el descenso en el precio del cobre observado en estas últimas semanas en los mercados internacionalesno debería sorprendernos.

Pero surge naturalmente la interrogante sobre si las empresas mineras se encuentran preparadas para escenarios de bajos precios. Durante el año 2013, el costo neto a cátodo fue de US$ 250 c/lb, mientras que el precio de largo plazo se estima cercano a los US$ 290 c/lb. Existe aproximadamente un 10% de la producción chilena con costos superiores al valor señalado, la que, de alcanzarse ese precio, estaría con serios problemas, especialmente en la pequeña y mediana minería.

Para enfrentar este ciclo bajo, la autoridad puede ayudar a las empresas tomando medidas para contener los costos y así mejorar la productividad. En particular, los temas de energía y agua son de alto impacto en los costos de los proyectos mineros. Aunque en Chile existe abundancia de agua en términos relativos al resto del mundo, su distribución es desigual. Además, en la zona norte, que es donde se desarrolla la minería, es escasa. Existen interesantes mega proyectos de traslado de agua desde zonas con abundancia, ya sea vía terrestre o submarina, pero no han avanzado. Por otro lado, los proyectos energéticos que permitirían tener el recurso a precios razonables están paralizados, algunos de ellos por razones políticas. Entonces existe una inconsistencia entre lo que se debería hacer en términos económicos y lo que políticamente se puede hacer.

Lo anterior ha implicado que Chile haya perdido competitividad frente a otros productores, ya que dejó de estar dentro del 10% de costos más bajos en el mundo. Se estima que al menos un 30% de la producción mundial tiene ahora costos más bajos que la chilena. Así, Chile se ve más afectado que sus competidores.

Para enfrentar los aspectos que restan competitividad a la industria minera, el gobierno anterior venía trabajando intensamente en el desarrollo e implementación de una Agenda Pro Inversión y Competitividad que involucraba a varios sectores, entre ellos la minería, pero lamentablemente fue abandonada por la actual administración. En lugar de continuar el trabajo que se venía realizando, el actual Gobierno optó por partir de cero en varios frentes. No olvidemos que muchos de los factores que inciden negativamente en la competitividad de nuestro sector requieren de soluciones que no son de corto plazo, por lo que desconocer los avances del gobierno anterior y partir de cero, no contribuye a la causa.

En relación a la agenda energética y su impacto en la minería, cabe señalar que siempre es una buena noticia la preocupación del gobierno en un tema que es muy sensible para el sector. Sin embargo, agendas tan ambiciosas como la dada a conocer por el gobierno a veces pueden ser incluso perjudiciales, pues se pierden recursos tanto humanos como económicos en medidas que tienen bajo impacto en productividad versus las más que impactarían directamente en los costos y producirían un efecto más rápido en la competitividad del sector. En este sentido sería bueno concentrar los esfuerzos en las medidas con mayor impacto -y que deberían ser prioritarias- como son avanzar en la implementación de la interconexión entre el SIC y el SING y dar impulso al desarrollo de proyectos de generación hidroeléctrica, entre otros.

Pero la mayor inquietud del sector privado no viene solo por el lado de las reformas sectoriales. Hay también un factor político que afecta las percepciones y las confianzas. Cuando se observa que la discusión ideológica prima por sobre la técnica en temas que afectan a todos los chilenos, es difícil tener una buena opinión sobre cómo se están enfrentando los temas de competitividad de la industria. Todas las metas del gobierno son de reformas para la calle, sin evaluar apropiadamente los efectos económicos negativos que conllevan. Pareciera que la percepción del gobierno es que la economía es inmune a la implementación de políticas públicas erradas, pero es cosa de mirar a varios de nuestros países vecinos para saber que no es así.

Pero no es todo. La preocupación por algunos proyectos de ley que podrían tener un alto impacto en la competitividad del sector es real, en particular la nueva legislación del agua y de glaciares. De no ser cuidadosos con las regulaciones incluso podemos acabar con una actividad que ha contribuido históricamente con un 20% de los ingresos fiscales y un 15% del PIB nacional. Y si a esto le sumamos la incertidumbre que genera la reforma sindicalque se ha anunciado y al Código de Minería, cuyos alcances aún no conocemos, el panorama del sector minero para el 2015 no se visualiza muy alentador.