A continuación, reproducimos la columna de nuestro Coordinador de Políticas Públicas, José Francisco García, en www.t13.cl.

En un estudio reciente de Libertad y Desarrollo, realizamos un balance en torno a la seguridad pública para este año 2014 y constatamos al menos tres errores que había cometido el Gobierno en esta materia y que estimamos generaban dudas de si estabamos o no ante un año perdido en esta materia. A nuestro juicio, estos dicen relación con haber intentado deslegitimar los indicadores de victimización de la administración Piñera, intentar apostar al Municipio como solución global –en el ámbito de la prevención, aunque no hacer la distinción siquiera–, y abandonar las políticas basadas en evidencia –al parecer atribuyendosele algún tipo de sesgo tecno-político–.

Antes de referirme a estos tres errores con más detalle, creo bueno poner en perspectiva el fondo de la cuestión. Hemos destacado como uno de los elementos positivos del Plan Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, denominado “Seguridad para Todos”, que, en general,   busca construir sus ejes sobre la base de los planes de seguridad de los dos gobiernos anteriores –y los aprendizajes institucionales respectivos–. Se trata de una cuestión central –y básica– en materia de políticas públicas no sólo desde la perspectiva de la eficacia y la eficiencia de estas, sino, en particular en materia de seguridad pública, por intentar sacar el debate en torno a la delincuencia desde lo que podríamos denominar la política ordinaria hacia la esfera más constructiva y reflexiva de la política de Estado.

Ahora bien, creo que en 2014 nos alejamos de la posibilidad de seguir transitando en el camino de la seguridad como política de Estado, en primer lugar, porque el Gobierno, buscó desde el primer momento, cuestionar los indicadores de reducción de victimización legados por el gobierno anterior, siendo el más relevante la disminución de la victimización general mostrada por el principal instrumento de medición del país, la encuesta de victimización ENUSC (INE), la que no sólo demuestra que la victimización general ha venido cayendo sistemáticamente en los últimos años, pasando desde el 38,3% de hogares en 2005 al 24,8% en 2013, sino que ésta experimenta una caída aún más pronunciada entre 2009 (último año del gobierno de la Presidenta Bachelet, 33,6%) y 2013 (24,8%).

Para ello, en el Plan “Seguridad para Todos” se buscó instalar la tesis de que la disminución de la ENUSC no va alineada con las denuncias de delitos de mayor connotación social del Ministerio de Interior, ni con el índice de la Fundación Paz Ciudadana. Se trata obviamente de instrumentos de distinta naturaleza, que no pueden ser comparables. Mientras las denuncias policiales cubren un grupo específico pero importante de delitos –y están sujetos al problema de la “cifra negra” o la no denuncia–, el índice de la FPC busca medir la realidad de los robos (e intentos de). Por lo demás, aumentos en las denuncias pueden ser una buena noticia –y un objetivo de política pública– pues demuestra confianza en la capacidad del sistema de ofrecer resultados a los ciudadanos –en la medida en que se verifica que disminuye la cifra negra–.

En todo caso, el que la última encuesta de Paz Ciudadana (octubre 2014), mostrara que la victimización de hogares en los últimos 6 meses por robo e intentos de robos es la más alta de la serie desde que comenzó en 2000, con 43,5% de hogares afectados, es obviamente una mala noticia, tratándose, los delitos contra la propiedad, del problema más relevante que enfrenta nuestro país, especialmente desde una perspectiva internacional. Por lo demás, podría tener un impacto negativo en los resultados de la ENUSC 2014, que debiera ser dada a conocer en marzo o abril del próximo año.

En segundo lugar, el gran giro que da el Plan “Seguridad para Todos” respecto de lo que venían haciendo las políticas de seguridad de los últimos dos gobiernos, consiste en apostar a los Planes Comunales de Seguridad, volviendo en la práctica –y sin mayor estudio en diseño, implementación y evaluación– al fracasado Plan Comuna Segura Compromiso 100, el que desde 2006 comenzó a ser sustantivamente reformulado y en 2010 abandonado como política.Se trata de un esfuerzo, más bien improvisado, de entregarle a los municipios responsabilidades en esta materia en la que no cuentan con capital institucional suficiente. Asimismo, es un retroceso desde la perspectiva de implementar programas basados en evidencia y preferir la comuna como unidad de intervención y no la de focos delictivos, barrios específicos.

Finalmente, en tercer lugar, uno de los déficits relevantes de las políticas de seguridad pública en Chile, es que siguen estando fundadas en conceptos y estrategias más basadas en intuiciones y viejas prácticas –pensadas en las estructuras organizacionales de las instituciones encargadas de la seguridad que en la reducción del delito–, donde la evidencia es escasamente utilizada. En efecto, probablemente el mayor consenso que está emergiendo a nivel global dice relación con la generación de políticas y programas basados en evidencia, los que con coberturas adecuadas, vayan teniendo, en el agregado, un efecto significativo en la reducción del delito.

Durante la administración anterior se hicieron avances significativos en esta materia. Por ejemplo, el Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD), el Banco Unificado de Datos (BUD), los programas Barrio en Paz Comercial y Residencial, el Plan La Legua, o el programa de terapia multisistémica,  fueron contribuciones relevantes a la política pública. En este sentido, el actual gobierno pareciera asociar el enfoque basado en evidencia a las reformas a las políticas y programas de seguridad implementadas por el gobierno anterior, como si este enfoque metodológico tuviera sesgo político.

El problema de abandonar el camino en torno a consolidar la batalla contra la delincuencia como política de Estado es evidente: seguir sembrando un campo fértil para el simplote y políticamente correcto populismo penal, que no conoce fronteras políticas.