Proyecto de financiamiento de la política: Una propuesta pro-incumbentes

Reproducimos la columna de Jorge Ramírez, Coordinador del Programa Sociedad y Política de LyD, publicada en La Tercera.

Según ha trascendido, el Ejecutivo ingresará el proyecto de ley que establece un nuevo marco para el financiamiento de la política. Se trata de una regulación maximalista a la luz de la experiencia comparada y en la cual, en aras de promover mayor equidad en la competencia, se perjudicará a los candidatos desafiantes, atentando de paso contra la competencia en el sistema y vulnerando en múltiples aspectos la libertad de expresión a la hora de realizar una campaña electoral.

La propuesta omite que detrás de toda regulación sobre financiamiento de la política están en juego principios relevantes como la transparencia, la libertad de expresión, participación y la competencia en el sistema político. En este sentido, hay que recordar que aportar a una campaña vía financiamiento es una forma más de participación, y poner a disposición de la ciudadanía un mensaje político vía propaganda, es parte del derecho a la libertad de expresión.

La fórmula del Ejecutivo constituye un retroceso en cuanto al aseguramiento de mayor competencia. Se trata de una regulación "pro incumbentes". Si a los candidatos desafiantes se les prohíbe realizar campañas en espacios púbicos, prensa escrita y radios (homologándolo con los espacios de los incumbentes) y se les limita el monto de aportes que puedan recibir de personas naturales; las condiciones reales de competencia disminuirán considerablemente. Al respecto, el proyecto desconoce las amplias ventajas del candidato incumbente respecto del desafiante, mientras el primero ya es conocido y cuenta con capital de redes políticas, el segundo requiere difundir un mensaje con mayor intensidad a efectos de contrarrestar la ventaja que ostenta el titular del cargo.

Por otra parte, lejos de promover mayores incentivos a la contribución de personas naturales, como es la tendencia en las democracias consolidadas (vía matching funds o beneficios tributarios a los aportes ciudadanos), la propuesta -de la mano de la existencia de mayores aportes públicos- elimina y acota los espacios de financiamiento privado. La regulación propuesta en ningún caso se sitúa en el estándar de las disposiciones sobre dinero y política que poseen las democracias consolidadas. Esto, porque el 65% de las democracias de la OCDE permite donaciones de corporaciones privadas y sólo un 27% de ellas contemplan disposiciones obligatorias para que tanto partidos como candidatos revelen de manera plena la identidad de sus donantes.

Enseguida, la propuesta no se hace cargo del problema inherente a la plena divulgación de la identidad de los donantes. Como señala la evidencia, con sistemas de plena divulgación las contribuciones ciudadanas disminuirán considerablemente por temor a presiones y represalias políticas.

Así, en lugar de aprovechar la coyuntura para impulsar una legislación que dé cuenta de los déficit del sistema vigente, el Ejecutivo ha optado por un proyecto que generará problemas en la competencia política y donde, en aras de la equidad, se atropella con la libertad de poner un mensaje político en la esfera pública para que finalmente sean los ciudadanos quienes decidan.