REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO, LUIS LARRAÍN, EN EL LÍBERO.

¿Renunciarán tan rápido la Presidenta Bachelet, su Ministro Rodrigo Peñailillo y la Nueva Mayoría al proyecto refundacional que pretendía construir desde el Estado una nueva sociedad en Chile? Porque ese era el plan original de Bachelet: una nueva sociedad modelada por un gobierno que, renegando de la democracia de los consensos que caracterizó a la Concertación, pretendía usar las mayorías parlamentarias para impulsar reformas que cambien la fisonomía del país que conocemos en las últimas décadas.

Esta voluntad está clarísima en palabras del Ministro Peñailillo a la Revista Capital: “La democracia de los acuerdos está absolutamente superada. Hoy nosotros somos mayoría y tenemos un programa de cambios que vamos a llevar adelante.”

Un lenguaje distinto al que se escuchó pocos días después , al llegar a acuerdo Gobierno y Oposición para modificar sustancialmente la Reforma Tributaria, luego que el criticado proyecto presentado originalmente tuvo el rechazo de la mayoría de la población, incluyendo varios parlamentarios oficialistas; también es diferente al voluntarista discurso fundacional el  pragmatismo que, incluso algunos de los jóvenes diputados provenientes del movimiento estudiantil, muestran hoy al dialogar sobre una fórmula que regule el lucro en educación para ser propuesta en lugar del insensato proyecto que transformaba al Estado en un agente inmobiliario, gastando cuantiosos recursos en comprar colegios a los sostenedores privados.

Porque la verdad es que la hostilidad hacia el sector privado estaba presente en el discurso que acompañó el proyecto de reforma tributaria (los poderosos de siempre, el 1% más rico) y también en cada una de las decisiones o propuestas gubernamentales: no más concesiones hospitalarias, reforma a los seguros de salud socializando la cotización a las ISAPRES, AFP estatal, limitaciones a los derechos de agua; para no hablar del fuerte impacto en los colegios particulares subvencionados de las reformas propuestas por el Ministro Eyzaguirre.

Lo que subyace es un visceral rechazo a la participación privada en la provisión de salud, de educación, de pensiones e incluso de infraestructura pública. Se deja ver también una indiscutible voluntad de ocupar más espacios de poder desde el aparato público.

Pero todo esto de pronto cambia. El lenguaje se modera, de la refundación pasamos a la reforma. ¿Qué motiva esta nueva postura? ¿Nuevas convicciones?

No, simple pragmatismo. El rechazo de la ciudadanía a las reformas tributaria y educacional, consignada por las encuestas, ponía en peligro su aprobación en el Congreso e incluso empezó a afectar la popularidad del gobierno y la Presidenta Bachelet, algo impensado a estas alturas de su mandato. La previsible desaceleración económica y la destrucción de empleos que ya estamos viviendo, en buena parte causados por el shock de expectativas creado por el programa de Bachelet, levantan los temores del descontento de la población. Se vienen días duros para la actividad económica, prácticamente todos los sectores están en retroceso o estancados y el golpe de gracia será el IMACEC negativo que se dará a conocer esta semana.

Si agregamos a este panorama la clara crítica del ex Presidente Ricardo Lagos a la falta de conducción política y liderazgo para hacer frente a los problemas que enfrenta la economía, la prudencia aconsejaba un repliegue táctico.

La vocación de poder es pragmática, está dispuesta a ceder cuando ve que puede ser derrotada en una batalla, pero nunca pierde de vista el objetivo de largo plazo, que es ocupar desde el Estado cada vez más posiciones de poder en la sociedad chilena. Por eso, lo único verdaderamente intransable de la Reforma Tributaria era recaudar 8.200 millones de dólares, una gran cantidad de recursos, más del 3% del PIB, que salen del circuito productivo privado para pasar a manos del poder político y difícilmente volverán a salir de allí.

Así construye poder la Nueva Mayoría.