REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE LA ECONOMISTA SENIOR DE LYD, SUSANA JIMÉNEZ, EN LA SEGUNDA.

El Congreso estaría por aprobar un impuesto a las emisiones de CO2 que aplicaría básicamente a la generación termoeléctrica. A diferencia de los contaminantes que producen un impacto local, el efecto de las emisiones de CO2 se asocia a fenómenos de carácter global (como el cambio climático). Luego, es importante evaluar la contribución que haría nuestro país al resto del mundo y los costos asociados a ello.

Chile aporta con un 0,2% a las emisiones mundiales de CO2. En consecuencia, el impacto global que puede lograr Chile con un impuesto a las emisiones es a lo sumo marginal (si es que logra alguna reducción), lo que contrasta con un costo considerable en términos de menor competitividad de la industria nacional generada por los mayores costos de producción. En efecto, el alza impositiva se traducirá en un importante incremento de tarifas eléctricas, en un contexto de ya elevado precio de la energía en relación a los países de la OCDE y nuestros competidores regionales.

Los impuestos al carbono no son el único mecanismo para reducir las emisiones de CO2 y no son muchos los países que lo han aplicado, sin mencionar los disimiles resultados obtenidos. El caso más emblemático es el de Australia, que estableció un impuesto al carbono en 2012, el que fue recientemente derogado por considerar que estaba afectando el crecimiento económico y elevando el costo de vida de los hogares.

Chile ha abordado el tema con una serie de otras políticas, aplicadas principalmente al sector eléctrico. De acuerdo al informe Effective Carbon Prices de la OCDE, esto ha permitido reducir cerca de 10% las emisiones de CO2. Los recursos invertidos en ello no han sido despreciables, pues se estima que los costos de abatimiento de emisiones en el sector eléctrico alcanzan del orden de 0,05% del PIB (asociado principalmente a la promoción de ERNC), superando a países como Australia, Brasil, Corea y Japón.

La imposición de impuestos al carbono sumaría costos importantes, lo que amerita un análisis más profundo de la conveniencia de imponerse medidas tan onerosas cuyo beneficio ambiental es difuso. Hay otras acciones para reducir las emisiones de carbono mucho más costo-efectivas como, por ejemplo, promover la hidroelectricidad a gran escala.

En este contexto, y considerando que está en curso un proceso de negociación a nivel mundial para acordar una reducción de las emisiones globales, pareciera razonable diferir la aplicación de este impuesto hasta al menos igualar la cancha con nuestros competidores.