A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN VOCES DE LA TERCERA.

La semana pasada se dieron a conocer los resultados de la Encuesta CEP que incluyó una sección de preguntas sobre educación. En esta oportunidad hubo bastante sorpresa tanto entre quienes se han mostrado a favor, como quienes se han manifestado en contra de la reforma al sistema escolar que pretende llevar adelante el Gobierno. Así, mientras algunos criticaron la formulación de las preguntas, otros celebraron los resultados.

Pero lo cierto es que esta encuesta es un aporte para la discusión pública, pues aterriza un debate que muchas veces se torna excesivamente ideológico y nos recuerda cuáles son las preferencias y prioridades de la mayoría de los chilenos en educación.

En este contexto, una de las preguntas que tienen directa relación con el proyecto de ley que se discute en el Parlamento, fue la que hace alusión al financiamiento compartido. 52% de los encuestados se mostró a favor de que “los padres puedan complementar el subsidio educacional que otorga el Estado a través de un copago (pagando matrícula y/o colegiatura) para mejorar la educación de sus hijos”, mientras que un 37% se manifestó en contra de esta opción.
Si bien hubo algunas críticas porque en el enunciado de la pregunta se hablará de calidad, lo cierto es que la información que entrega la respuesta es muy clara: hay una mayoría que valora el poder pagar un copago en su colegio, aún teniendo alternativas gratuitas, pues siente que éste le permite optar a una mejor calidad educativa.

En esta línea, la misma encuesta reporta cuáles son las cualidades que los padres buscan a la hora de elegir la escuela para sus hijos. Las más mencionadas son: 1) “calidad de la instrucción académica”, es decir, calidad de los docentes; 2) “formación ética y hábitos”, esto es, el proyecto educativo del establecimiento; 3) “disciplina”, es decir, respeto por un reglamento interno; y 4) “equipamiento del colegio”, es decir, disponibilidad de recursos para el aprendizaje.

Estos atributos se vienen repitiendo en los primeros lugares de esta pregunta en cada una de las encuestas CEP de las últimas dos décadas, por lo que sería esperable que un Gobierno que quiere llevar a cabo reformas para la ciudadanía, las tuviera en cuenta a la hora de diseñar sus políticas.

Respecto al tipo de establecimiento, 59% declara que, a igual costo de matrícula y distancia, prefiere un particular subvencionado. Las principales razones de esta elección son su calidad académica y disciplina. Entre el 30% que señala preferir un establecimiento municipal, la principal razón para ello es que “le gusta la idea de una educación pública”, esto es, la prefieren más por una idealización que por atributos reales.

Una segunda pregunta que tiene relación directa con el proyecto de ley que se discute en el Parlamento fue: “¿Qué le parece que los colegios particulares subvencionados, además de entregar educación, generen ganancias a sus dueños?”. 49% de los encuestados señaló que “le parece bien, siempre y cuando tengan un nivel educacional bueno y los padres estén informados”, versus 42% que se mostró en desacuerdo. El año 2006 se hizo esta misma pregunta: 66% se mostró a favor y sólo 30% en contra. El año 2011, en tanto, cuando la pregunta que buscaba obtener esta información se formuló de manera distinta, 80% se mostró en desacuerdo con que “los colegios, escuelas y liceos tengan fines de lucro”.

El cambio en las respuestas de los años 2006 y 2014, así como la diferencia registrada al modificar la pregunta el 2011, dan cuenta de la connotación negativa que adquirió la palabra “lucro” en una parte importante de la ciudadanía. La misma encuesta CEP de este año lo confirma con la inclusión de una nueva pregunta: 53% de los encuestados define lucro como “ganancia excesiva” o “ganancia que perjudica la calidad de la educación”. En ese contexto, hubiese sido esperable tal vez un rechazo superior al 42% registrado.

A pesar de lo anterior, la mayoría de los chilenos no tiene problemas con que los dueños de un establecimiento educacional vivan de éste, mientras la educación que entreguen sea de buena calidad. Dificultar entonces la continuidad de proyectos educativos debido a la naturaleza de su sostenedor, sin tener en cuenta la calidad de la educación que entregan, tal como lo hace el proyecto de ley del Gobierno, va en contra de lo que apoya la mayoría.

En suma, los resultados de la encuesta CEP nos ayudan a explicar el rechazo que ha tenido el proyecto del Gobierno entre agrupaciones de padres a lo largo del país. Esta reforma se ha querido mostrar como una respuesta a los anhelos de la ciudadanía, pero la verdad es que no parece representarla. Las familias buscan educación de calidad, que entregue disciplina y formación ética a sus hijos, y no les importa pagar, ni tampoco si el sostenedor percibe ganancias. Si el Gobierno quiere satisfacer a la mayoría de los chilenos, podría haber partido por una reforma que abordará realmente sus prioridades.