REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE LUIS FELIPE LAGOS, MACROECONOMISTA SENIOR DE LYD, PUBLICADA EN LA TERCERA.
El acuerdo tributario sin duda constituye un avance respecto del proyecto original al restablecer una tributación diferenciada para los retiros y la reinversión, dejando el esquema de renta atribuida con carácter opcional. Además, el hecho de alcanzar un acuerdo mejora el clima político y reduce la incertidumbre respecto del proyecto, aún cuando falta precisar su contenido, lo que estaba afectando la inversión ya desde el cuarto trimestre de 2013.
No obstante lo anterior, si bien se disipa la incertidumbre y, por consiguiente, alguno de los efectos inmediatos sobre la actividad económica, el nuevo proyecto, al elevar sustancialmente los impuestos más distorsionadores: impuestos a las empresas e ingresos personales, constituye un retroceso respecto de la actual situación tributaria y tendrá un efecto negativo permanente sobre el crecimiento y empleo de la economía. Adicionalmente, el incremento muy significativo de la recaudación sienta un precedente negativo para la política económica. En efecto, aumentos de impuestos de esta magnitud deberían considerar un proyecto de gasto claramente definido, que incluya una evaluación de su rentabilidad social para asegurar que el gasto público adicional sea productivo.
Por cierto, la intención es gastar una mayor parte de la recaudación adicional en educación. Sin embargo, el proyecto existente de reforma educacional es ampliamente cuestionado, incluso en la coalición de gobierno, respecto de su capacidad para incrementar la calidad de esta. Por otra parte, se pretende usar también recursos para eliminar el déficit estructural, proyectado en 1% para 2014. Esto es positivo por cuanto reafirma el objetivo de disciplina fiscal, pero es cuestionable que se haga en un período tan corto de tiempo, dado un fisco acreedor neto y en el contexto de una economía en desaceleración.
El nuevo sistema con integración parcial de 65% contempla una tasa de impuesto a las empresas de 27% y genera una tasa marginal a los ingresos del capital de 44,5%, no de 35%. Esto nos deja sobre la media de los países de la Ocde, siendo que Chile tiene el menor ingreso por habitante, salvo México y Turquía. No nos engañemos, la conquista del desarrollo, tan esquiva en Latinoamérica, será más difícil.
La coexistencia de dos sistemas tributarios, uno parcialmente integrado con base percibida y otro con base atribuida y tasa del 25% para la empresa, será compleja y no constituye un avance en cuanto a tener un esquema tributario simple y de bajo costo de cumplimiento.
Algunos han interpretado que el acuerdo de integración parcial debería contemplar una serie de restricciones para la reinversión. Sin embargo, no se debe confundir los mecanismos de operación con la reinversión. La limitación a ahorrar en activos financieros es ineficiente, pues el mayor ahorro canalizado por el mercado de capitales permite que otras empresas inviertan. Asimismo, no debiera acotarse el tiempo para la reinversión. En cambio, la restricción de mecanismos como el arrastre hacia atrás de pérdidas para solicitar devolución de impuestos o los retiros en exceso es razonable. En general, cualquier práctica que permita retirar utilidades y consumir sin pagar el impuesto personal debiera suprimirse. Con todo, esto debería considerarse en un régimen totalmente integrado y el acuerdo así reconocerlo.
En cuanto a la equidad, así como los ingresos del capital tributan cuando son retirados y consumidos, el acuerdo debería apuntar a un tratamiento similar para los ingresos del trabajo, no gravando el ahorro personal.
Dada la dificultad de acceso al financiamiento que tienen la Pymes y, en particular los nuevos emprendimientos, es eficiente considerar mecanismos especiales para ellas. Sin embargo, estos deben limitar los incentivos de las Pymes a no crecer y de las empresas grandes a disfrazarse de pequeñas. En este sentido, más que insistir en la arbitrariedad de la renta presunta y otros regímenes, sería mas transparente que toda empresa tuviera una exención tributaria por los primeros $ 50 millones de utilidades reinvertidas.
