REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JORGE RAMÍREZ, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE LYD, PUBLICADA EN CHILE B.
En días recientes se ha hecho público el Índice de Transparencia en los partidos políticos en Chile, desarrollado por Chile Transparente con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, Avina y el centro de estudios Plural. Los resultados del informe no son alentadores; en promedio las 12 agrupaciones evaluadas en más de 22 indicadores, que abarcan áreas tales como transparencia en: estructura y procedimientos internos, ideología y posición programática, financiamiento y vinculación con terceros; obtienen una nota de 2,77 en escala de 1 a 7.
Más allá de la escandalosa cifra, habría que profundizar en el análisis para comprender la difícil articulación que se da entre la transparencia y la política. Contrario a lo que impone el principio de transparencia, el secreto históricamente ha ejercido un papel relevante en la acción política. Los ejemplos son abundantes, desde el surgimiento del Estado nación y el principio de soberanía se legitimó la existencia de un “secreto de Estado”. En esta categoría entraría cualquier información vital para el resguardo de los intereses fundamentales de una nación. Por otra parte, la existencia de un voto secreto es probablemente una de los avances más determinantes en la historia de la democracia.
Es en este punto entonces, donde la transparencia debe entenderse como un medio, pero no como un fin vinculado a la acción política. Aunque parezca impopular, los partidos están para agregar demandas de la ciudadanía, canalizarlas, formar cuadros que accedan a cargos de poder, etc.; y si la ejecución de estas actividades se da en un marco de un estándar mínimo de transparencia, mejor aún. Pero imponer estándares maximalistas de transparencia también podría generar efectos contraproducentes.
El caso del financiamiento a las campañas es un buen ejemplo. Los defensores de la transparencia estricta señalan que se debiera terminar con las contribuciones anónimas y reservadas a las campañas políticas, siendo todas públicas, para de este modo transparentar los intereses que están detrás de los tomadores de decisiones. Respecto de lo anterior, habría que esclarecer que la existencia de donaciones anónimas y reservadas existen con el fin de que no se genere un medio de prueba verificable que permita una relación de extorsión entre el financista y el representante. Si todas las donaciones fueran públicas, los financistas podrían ejercer presiones de manera directa sobre los representantes y, a su vez, ciudadanos que legítimamente desean resguardar su respaldo financiero a determinado candidato por múltiples causas no podrían hacerlo. Respecto de lo anterior, imagine el caso de un trabajador que es acosado laboralmente por su empleador si conoce su tendencia política al verlo en la lista de donantes de una determinada campaña, o un profesional como un periodista, que por mantener ciertos márgenes de objetividad quisiera optar por mantener en reserva su opción política. Y así tantos otros casos.
Entonces, el asunto de la transparencia debe ser abordado con mesura. En la medida en que existan recursos públicos frente a los cuales nuestros políticos deban responder, es inadmisible que no exista un estándar de transparencia y el citado estudio avanza en la generación de un incentivo hacia la autorregulación pro transparencia al interior de las agrupaciones partidarias. Sin embargo, en materia de conflictos de interés y gestión de intereses particulares, la plena transparencia del financiamiento no parece una medida completamente pertinente. Para esto, instrumentos como la ley del lobby abordan de mejor manera el asunto sin poner en riesgo otras garantías como el legítimo derecho a la reserva de las preferencias políticas.
