LAS OMISIONES DEL ACUERDO SOBRE EL SISTEMA ELECTORAL

A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DEL INVESTIGADOR DEL PROGRAMA SOCIEDAD Y POLÍTICA, JORGE RAMÍREZ, PUBLICADA EN VOCES.

El Ejecutivo, el movimiento Amplitud y algunos diputados independientes han concurrido a la firma de un acuerdo para poner fin al sistema electoral binominal, reemplazándolo por un sistema proporcional. Lo primero que habría que señalar es que más allá de las implicancias políticas, el acuerdo reproduce las falencias del modelo original.

Al mantenerse intacta la propuesta de redistritaje, siguen instaladas las dudas respecto de los criterios a partir de los cuales se realizó la fusión de los actuales distritos. Situaciones anómalas como distritos con menos electores a los que se asignan más diputados que otros, siendo todos de regiones, son nudos críticos que parecen haber sido pasados por alto por parte de los suscriptores del acuerdo. Mientras la experiencia internacional sugiere que sean organismos técnicos quienes se hagan parte del diseño y actualización de los mapas electorales, el proyecto en cuestión carece de esta mirada.

Lo mismo sucede con el aumento de diputados y senadores. Si bien se trata de una cuestión instrumental a la reducción de la llamada desigualdad del voto, hay que ser enfáticos en que existen otras propuestas de reforma, que sin incurrir en una aumento tan extenso de representantes, corrigen aquel problema de mejor manera. Esto también parece haber sido obviado por los firmantes.

Del acuerdo surgen medidas para facilitar la constitución de nuevos partidos a escala regional, reducir exigencias a la hora de decretar su disolución, como también limitar el financiamiento electoral. Si bien, a priori parece correcto eliminar algunas barreras de entrada existentes en el juego político, avanzar en la línea de la promoción de partidos regionales que muchas veces no son más que plataformas que hacen eco de liderazgos personales e intereses particulares, sin una visión de carácter nacional, no parece pertinente. A futuro, con diseños como el propuesto, la tramitación legislativa obedecerá a la capacidad de veto o chantaje que impongan estas nuevas pequeñas agrupaciones. Respecto a la reducción del límite del gasto electoral, es evidente que a primera vista parece ser una medida pro competencia, sin embargo, quienes más se benefician de una medida como la anterior son los candidatos incumbentes (que buscan la reelección), puesto que son ellos quienes ya poseen el capital de reconocimiento, que es lo más costoso de cualquier campaña electoral.

Surgen dudas respecto de las auténticas motivaciones de quienes han optado por suscribir el acuerdo. En lugar de primar una visión global donde se privilegie la representatividad y pertinencia para nuestro sistema político, pareciera ser que finalmente sólo se ha impuesto el sentido de oportunidad.