NUEVO PROYECTO DE LEY EMILIA

REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE DANIEL MONTALVA, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, PUBLICADA EN ESTRATEGIA.

El delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas o con resultado de muerte no es un tema nuevo en el Congreso. Sólo en los últimos dos años han sido presentados más de una docena de proyectos sobre esta materia, que vuelve a la palestra al conocer casos desgarradores, como el de la pequeña Emilia, que sin lugar a dudas remeció a todos quienes somos padres. Pues bien, el proyecto "Ley Emilia", tuvo una alta difusión en los medios de comunicación y apoyo transversal en el Congreso. Sin embargo, y debido a diferencias entre el Senado y la Cámara, el proyecto fue finalmente rechazado, por lo que el Gobierno estimó necesario presentar una nueva iniciativa.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados proponía aumentar la actual pena que va desde tres años y un día a cinco años -además de una multa y la inhabilidad perpetua de conducir- a una que va desde cinco años y un día a 10 años en caso de lesiones graves, gravísimas y de cinco años y un día a 15 años si se causare la muerte de una persona, y establecía la imposibilidad por parte de los condenados por estos delitos de optar a beneficios penitenciarios.

El Senado estimaba que era inadecuado el proyecto ya que presentaba problemas de sistematicidad con otras normas penales y contravenía el principio de proporcionalidad al equiparar las penas de este delito, a las penas del homicidio doloso, siendo que son imputaciones esencialmente diversas. A su vez, debido a que la prohibición absoluta de la libertad condicional inexistente en nuestro país dejaría al condenado incluso en peor situación que aquel de delitos tan graves como la violación y el homicidio doloso, eliminando de paso un elemento esencial de nuestro sistema: la esperanza de rehabilitación del condenado. Por esto, propuso que las penas fueran de tres años y un día hasta 10 años y eliminar la prohibición de optar por beneficios penitenciarios, haciendo expresa mención a la posibilidad de aplicación de la libertad vigilada intensiva.

Se trata de temas que se deben tener presentes durante la discusión del proyecto que presentaría el Gobierno, que al parecer sería más cercano a la postura del Senado. Es importante, en todo caso, recalcar la necesaria sistematicidad de las penas, la proporcionalidad de las mismas y la posibilidad de rehabilitación del condenado como elemento esenciales. En relación con lo anterior, no deja de preocupar que el actual gobierno haya retirado la reforma al Código Penal y no haya presentado un nuevo proyecto al respecto. Finalmente, es necesario recordar que el aumento de las penas de un determinado delito no significa que éste dejará de cometerse o que porque un delito se cometa su penalidad es ineficiente. Así, es imprescindible avanzar en educación vial y en fiscalización, para no tener que seguir lamentando, o por lo menos cada vez menos, casos tan terribles como el de la pequeña Emilia.