HIDROAYSÉN: CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE SUSANA JIMÉNEZ, ECONOMISTA SENIOR DEL PROGRAMA ECONÓMICO DE LYD, PUBLICADA EN EL DIARIO FINANCIERO.

Susana Jiménez

No es sorprendente que el Comité de Ministros -integrado por los ministros de Energía, Minería, Medio Ambiente, Economía, Agricultura y Salud- decidiera por unanimidad rechazar el proyecto HidroAysén, ya que estando en curso el proceso de invalidación de los acuerdos adoptados el 30 de enero de 2014 por el Comité de Ministros del gobierno anterior respecto al proyecto y quedando en consecuencia pendiente el pronunciamiento sobre los recursos de reclamación contra la resolución de la Comisión Evaluadora de la Región de Aysén, las afirmaciones realizadas por las autoridades daban cuenta del poco futuro de la iniciativa.

Ya en campaña, la Presidenta se pronunció en contra del proyecto, lo que sin duda predispuso el actuar de sus ministros quienes, habiendo efectuado afirmaciones sobre la inviabilidad del proyecto previo al análisis técnico-legal del proyecto, habrían debido inhabilitarse en este proceso.

Los argumentos esgrimidos para fundamentar el rechazo serían la inexistencia de un plan de relocalización, la ausencia de una cuantificación adecuada de los impactos ambientales por efecto de cambios de la hidrología de los cursos alterados y la supuesta inconsistencia respecto a la línea base declarada y levantada por HidroAysén en fauna terrestre.

La decisión de rechazo se enmarca dentro de las atribuciones que tiene el Comité de Ministros siempre que este acto administrativo esté bien fundamentado. Así, no está en juego la legalidad de la actuación del Comité en la medida que la decisión esté basada en antecedentes suficientes, que consten en el expediente o en estudios nuevos. Cabe esperar, por tanto, la fundamentación del rechazo, puesto que de no contar con este respaldo técnico podría haberse incurrido en una decisión arbitraria, contrario a lo que exige la ley.

Para rechazar un estudio de impacto ambiental habría que demostrar el incumplimiento de la normativa ambiental o bien probar que el titular no se hizo cargo de impactos significativos. La gran pregunta, entonces, es si se podrá acreditar lo anterior, pues de lo contrario, las palabras del Ministro Pacheco en cuanto a que la iniciativa hidroeléctrica tiene muchos aspectos que están "poco pensados o insuficientemente pensados” podría volverse como un boomerang hacia el trabajo realizado por el propio Comité.