REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE SERGIO MORALES, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, PUBLICADA EN EL MERCURIO LEGAL.
Muchas personas cuando escuchan hablar acerca del proyecto de ley de Reforma Procesal Civil suelen asimilarlo como un tema muy lejano, que importa casi privativamente a los jueces, abogados y funcionarios relacionados con el “papeleo”. Sin embargo, la realidad es otra, toda vez que una reforma al sistema de enjuiciamiento civil es de vital trascendencia para asegurar el cumplimiento y respeto de derechos tales como la propiedad, el crédito, las herencias y las indemnizaciones de perjuicios, entre otras.
Sin ir más lejos, por medio de la discusión que se da en estos días se están trazando los lineamientos de lo que serán las “reglas del juego” en materia de protección de derechos, por lo que no estamos frente a un tema superfluo.
El proyecto de ley establece un sistema moderno y eficiente de solución de conflictos de relevancia jurídica, donde se cambia el viejo sistema escriturado y casi sin inmediación por un sistema más eficiente, mayoritariamente oral, adversarial, donde es garantía del juicio la inmediación del juez en la producción de la prueba, y donde se vela por el respecto de las garantías constitucionales de las partes. Dentro de sus innovaciones destaca una modificación sustancial al procedimiento ejecutivo, así como una reformulación del sistema de recursos, donde se le asigna un nuevo rol a la Corte Suprema por medio del ya conocido recurso extraordinario, dos últimos puntos que fueron rechazados el mes pasado por la Cámara de Diputados.
Actualmente el proyecto se encuentra en plena discusión en la Comisión de Constitución del Senado, en su segundo trámite, donde no pueden sino surgir dudas en cuanto a la forma final que adquirirá esta gran reforma que ha trascendido ya varios gobiernos, así como respecto del futuro diseño de implementación y de capacitación tanto de jueces, funcionarios, abogados y la sociedad en general, todo con miras a precaver que por la necesidad de nuevos anuncios termine por convertirse en un nuevo problema para los usuarios del sistema de justicia, como ya sucedió con la reforma procesal penal y la de los tribunales de familia.
Es de esperar que se utilice esta instancia de discusión parlamentaria como una oportunidad para plantearnos qué esperamos y qué queremos para nuestro sistema judicial, en aras de brindar a la sociedad una justicia más oportuna, más transparente y más eficiente que la que tenemos con la normativa vigente desde hace más de 100 años.
