REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN EL MERCURIO DE CALAMA, DIARIO DE ATACAMA Y EL AUSTRAL DE OSORNO.

Gobierno envió su primer proyecto de ley en materia de educación escolar, el cual contiene tres ejes. El primero es eliminar el lucro del sistema escolar, quitando la subvención a los 1,2 millones de alumnos que asisten a los 3.500 establecimientos de sostenedores constituidos como persona natural o empresa con fines de lucro. El Gobierno, desconfiando de la elección de las familias y omitiendo criterios de calidad, restringirá sus posibilidades sin más motivos que los ideológicos. Además, se impondrán restricciones extremas al uso de la subvención, de manera que los sostenedores dejarán de ser gestores de un proyecto educativo y pasarán a ser meros administradores de recursos públicos, sin espacios para innovar en nuevas prácticas educativas.

En segundo lugar, se busca eliminar el financiamiento compartido o copago que realizan el 67% de los padres del sector particular subvencionado. Hoy el Estado entrega aproximadamente $960 mil promedio por cada alumno de este sector, por debajo de los $1,5 millones que entrega por cada alumno municipal. En este contexto, los recursos que aportan los padres ayudan a cubrir en algo esta brecha. Además, la legislación actual que libera a los niños más vulnerables de cualquier cobro, les permite estudiar gratuitamente en la misma sala de clases que aquéllos que pagan. Esta posibilidad de aumentar la integración social desaparece, pues el proyecto establece que colegios con copago no podrán recibir subvención escolar preferencial.

El tercer eje es sustituir los mecanismos de selección escolar actuales por otros definidos de manera estándar y centralizada, en que el esfuerzo, gustos y mérito personal de los alumnos no serán considerados. Esto no sólo atenta contra el desarrollo de proyectos educativos específicos, sino que constituye un desincentivo al esfuerzo.

La iniciativa no se hace cargo de los aspectos que verdaderamente inciden en la calidad, como es el tema docente y lo que ocurre al interior de las salas de clases. Por el contrario, la calidad podría empeorar si consideramos la evidencia que muestra que los colegios con fines de lucro obtienen mejores resultados que los municipales y que aquellos de mayor copago exhiben mejores resultados que los gratuitos o de copagos menores. El proyecto tampoco contribuye con una mayor integración social, sino que podría terminar segmentando el sistema escolar entre quienes pueden y quienes no pueden pagar una mensualidad.