A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DEL CONSEJERO DE LYD, JOSÉ RAMÓN VALENTE, PUBLICADA EN LA TERCERA.
Una de las grandes preguntas que debiera hacerse la sociedad cuando se le plantea agrandar el tamaño del Estado es cuáles son los mecanismos que han de garantizar que los recursos adicionales que el gobierno les está pidiendo a los ciudadanos van a ser finalmente bien utilizados. Las protestas en Brasil contra la mala calidad de los servicios públicos que entrega un gobierno que se queda con el 40% del PIB generado por sus ciudadanos, junto a los millonarios sobrecostos incurridos en la construcción de nuevos estadios donde se disputa el Mundial de Fútbol, nos recuerdan que la capacidad del Estado para malgastar los recursos que la sociedad le entrega en administración no tiene límite.
En Chile hemos conocido recientemente que contratos de futuro realizados por Codelco hace cerca de 10 años terminaron reportando pérdidas cercanas a los US$ 7.000 millones para la minera estatal y, por tanto, para todos los chilenos. Por lo que hemos sabido hasta ahora, todo indica que en este caso no hay ni fraude, ni dolo, ni corrupción. Simplemente, se trata de muy malas decisiones de negocios, que en parte tienen su origen en que los responsables de tomar dichas decisiones andaban “cazando moscas”, como reconoció el entonces director de la estatal y actual ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
Los defensores de quienes estuvieron involucrados en tomar estas malas decisiones de negocios se han centrado en argumentar que no son pitonisos y que nadie podía prever que el precio del cobre iba a subir cerca de US$ 1, a más de US$ 4 la libra, como efectivamente ocurrió. Pero la mala decisión de negocios no tiene que ver con tener o no una bolita de cristal. Tomar un contrato de largo plazo de venta a futuro de cobre, sólo fijando el precio de venta y sin cubrir el riesgo de incremento de los costos, es un suicidio financiero. Los contratos que están siendo cuestionados son una mala decisión de negocios independientemente del nivel del precio del cobre que finalmente se haya producido.
El mismo Nicolás Eyzaguirre es quien hoy nos propone que US$ 5.000 millones de lo recaudado con la reforma tributaria sean utilizados en comprar “carcasas vacías”, como denominó Andrés Velasco la compra propuesta por el gobierno de los inmuebles que hoy utilizan los colegios subvencionados. Cuando analicemos esta decisión en 10 años más, y eventualmente hayamos terminado gastando US$ 10.000 millones en vez de US$ 5.000 millones, con toda razón alguien podrá preguntar: ¿Qué diablos tenía que ver la compra de estas carcasas con el objetivo declarado de la reforma tributaria y la reforma educacional de mejorar la calidad de la educación en Chile?
Requerido el ministro Eyzaguirre ante este caso, él podría replicar: “Nadie podía anticipar que el precio de las casas iba a subir tanto cuando se tomó la decisión”. Si ese fuese el caso, su respuesta respecto de la decisión de los US$ 5.000 millones gastados en comprar casas sería igual de mala e improcedente que su respuesta respecto de los contratos de futuro de Codelco.
