LINEAMIENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2014-2018

REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JOSÉ FRANCISCO GARCÍA, COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LYD, PUBLICADA EN VOCES DE LA TERCERA.

El discurso del 21 de mayo de la Presidenta Bachelet en materia de seguridad pública había quedado en deuda. No sólo porque fue un aspecto más bien secundario del discurso, sino, y principalmente, porque un país que está en niveles de victimización de hogares del 25% (ENUSC 2013), no puede estar satisfecho en esta materia. Tampoco puede estarla, ahora desde la perspectiva de la eficiencia, cuando hoy el sector privado contribuye con el 40% del gasto total del país en seguridad. Perder el sentido de urgencia y de prioridad es una mala señal. Por lo demás, diversas encuestas de opinión muestran que este sigue siendo el tema que la opinión pública considera debiese ser prioritario en la acción gubernamental.

En términos generales, se echó de menos el anuncio del Plan de Seguridad del gobierno 2014-2018, y junto con ello, haber entregado lineamientos respecto de metas y plazos comprometidos en dicho plan –siendo particularmente relevante el que se sigan fijando metas de reducción de victimización general, pero se avanza en específicas–. Se trata de la carta de navegación de cualquier gobierno y continuadora de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP 2006-2010) y el Chile Seguro (2010-2014), esto es, el plan de gobierno que aterriza para los 4 años de mandato la Política Nacional de Seguridad.

Con todo, algunos lineamientos o ejes de dicho plan, el que sería dado a conocer en julio de manera integral, fueron dados a conocer en días recientes. Algunos de ellos habían formado parte de la breve alusión de la Presidenta Bachelet al tema seguridad en su discurso del 21 de mayo.

De los anuncios realizados el 21 de mayo y el viernes pasado –que todavía se encuentran en el plano de los anuncios, y no en la “ingeniería de detalles” –, destacan, en primer lugar, contar con un plan comunal de seguridad pública que incluya a 74 comunas (urbanas con sobre 60.000 habitantes) en 3 años con un presupuesto de 48 mil millones de pesos, contando con una estrategia comunal de seguridad pública implementada en 2015, como sostuvo el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Aunque se ha destacado como uno de los ejes centrales del nuevo plan y descansando en la idea correcta de potenciar el rol del municipio y de la comunidad en esta materia, nos recuerda demasiado el fallido Plan Comuna Segura, como asimismo, nos recuerda las importantes asimetrías existentes en las capacidades institucionales entre nuestros municipios y la escasez de facultades en materia de seguridad que entrega la Ley Orgánica de Municipalidades. Aprender sobre los errores del Comuna Segura, y sobre todo, construir sobre los logros del programa Barrio en Paz del gobierno anterior, resulta fundamental.

En segundo lugar, se propuso aumentar de 14 a 36 comunas el Programa “24 Horas” (el que en realidad se llama “Vida Nueva”, que cuenta con el apoyo fundamental del sistema de gestión de información de Carabineros “24 Horas”), programa intensivo de prevención en menores infractores de ley, lo que es positivo dado que avanza sobre la base de una política pública basada en la evidencia, que se ha venido diseñando e implementando en los dos últimos gobiernos, y que destaca porque en los casos de alta complejidad se cuenta con la terapia multisistémica, que hoy cuenta con importantes resultados en Chile.

En tercer lugar, si bien se propuso un algo genérico fortalecimiento de nuestras instituciones policiales, es importante concretar dicho anuncio con medidas que busquen aumentar la rendición de cuentas y avanzar en esquemas de evaluación por desempeño en materia de remuneraciones y ascensos. En esta misma línea, se anunció el aumento la dotación de carabineros en 6 mil funcionarios y de investigaciones en 1200; continuando con lo realizado por la propia Presidenta Bachelet y el Presidente Piñera durante sus periodos. Sin embargo, lo relevante es racionalizar y ser eficientes en el uso de esta nueva dotación, concentrando la futura dotación en los focos delictivos y sobre la base de criterios técnicos (basado en evidencia), y no sobre la base de criterios políticos.

Finalmente, destacan los recientes anuncios de reformas legislativas sobre la ley de control de armas, ley de violencia en los estadios y la ley 20.000 de drogas, y la creación del Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas y una Superintendencia de Seguridad Privada.

Bajo este contexto, y quedando a la espera de la materialización del Plan de Seguridad 2014-2018 del gobierno en julio, es de esperar que la seguridad pública vuelva a considerarse un ámbito prioritario de la acción gubernamental, lo que no quedó en evidencia el pasado 21 de mayo, discurso que, como sabemos, es central en la definición de las prioridades con las que un mandatario enfrentará su periodo.