EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DE TIERRAS

REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE CLAUDIA HERNÁNDEZ, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE LYD, PUBLICADA EN LA TERCERA.

La estrategia de contención ha demostrado ser la más utilizada por la clase política en los asuntos indígenas, por eso la alta expectación que generaron los anuncios presidenciales. Positivo sería que éstos se centraran en los necesarios cambios institucionales y en la profundización de la agenda de desarrollo indígena, sin embargo, el énfasis nuevamente es la entrega de tierras, política que ha sido cuestionada desde su creación.

La Ley 19.253, que fija el marco legal e institucional para los pueblos indígenas, tiene como elemento central la relevancia que tendrían estas tierras. Si bien esta legislación ha significado avances, como el fortalecimiento de las organizaciones indígenas, en la práctica es una política pública que no ha generado buenos resultados , y por el contrario, hemos visto con el paso del tiempo la emergencia de agrupaciones con discursos cada vez más radicalizados que han hecho un uso sistemático de la violencia en la región.

De hecho, conforme al estudio "Catastro de violencia de connotación indígena" realizado por LyD, al contabilizar los casos cubiertos en la prensa desde 1990 a junio de 2014 se produjeron 1.701 hechos de violencia de connotación indígena, los que han aumentado en intensidad y se han concentrado principalmente en la zona de La Araucanía.

Desde su aplicación en 1993, el Estado ha entregado 163 mil hectáreas a través de la Conadi, destinando más de 800 millones de dólares en los últimos catorce años. Pero seguimos frente a una situación de demandas crecientes y de violencia en la que no se vislumbra un punto de inflexión.

A su vez, aún cuando fue creada para proteger a los indígenas, esta política de tierras no ha tenido un impacto positivo en la mejora de su calidad de vida. De acuerdo a la Encuesta CASEN 2011, un importante porcentaje de la población indígena vive en situación de pobreza y exclusión social, superando en 5 puntos porcentuales a los niveles de pobreza de la población no indígena (19,2% y 14,1% respectivamente).

Estamos entonces frente a una política que va en la dirección equivocada. Lejos de fomentar el desarrollo de los pueblos, lo frena, estableciendo limitaciones al disminuir el valor alternativo de esas tierras, con la imposibilidad de enajenar u arrendarla, lo cual impacta en la productividad al carecer de un marco legal adecuado para que la entrega de tierras sea un proceso racional y no esté sujeto a la discrecionalidad ni a medidas de presión. Lamentablemente, no existe en la Ley Indígena un impedimento legal para que las comunidades indígenas que hayan tomado algún fundo o que hayan sido partícipes de una acción violenta accedan a beneficios.

En definitiva, si el cuantioso aumento de presupuesto destinado a la compra de tierras no ha tenido un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas ni en la disminución de hechos de violencia, es un buen momento de repensar la política de tierras. De allí que los anuncios en la línea de mayores compras, sin que se acompañe de cambios en las reglas del juego, no será la solución. Interesante entonces es la elaboración de un nuevo catastro, pero que establezca criterios más restrictivos en materia de límites a la compra de predios, porque en el escenario actual de escasez de oferta de tierras y de demandas crecientes, el generar más expectativas puede ser aún más perjudicial para la paz social, el desarrollo y el diálogo fraterno en La  Araucanía.