REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE CLAUDIA HERNĂNDEZ, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIEDAD Y POLĂTICA DE LYD, PUBLICADA EN LA TERCERA.
La estrategia de contenciĂłn ha demostrado ser la mĂĄs utilizada por la clase polĂtica en los asuntos indĂgenas, por eso la alta expectaciĂłn que generaron los anuncios presidenciales. Positivo serĂa que ĂŠstos se centraran en los necesarios cambios institucionales y en la profundizaciĂłn de la agenda de desarrollo indĂgena, sin embargo, el ĂŠnfasis nuevamente es la entrega de tierras, polĂtica que ha sido cuestionada desde su creaciĂłn.
La Ley 19.253, que fija el marco legal e institucional para los pueblos indĂgenas, tiene como elemento central la relevancia que tendrĂan estas tierras. Si bien esta legislaciĂłn ha significado avances, como el fortalecimiento de las organizaciones indĂgenas, en la prĂĄctica es una polĂtica pĂşblica que no ha generado buenos resultados , y por el contrario, hemos visto con el paso del tiempo la emergencia de agrupaciones con discursos cada vez mĂĄs radicalizados que han hecho un uso sistemĂĄtico de la violencia en la regiĂłn.
De hecho, conforme al estudio "Catastro de violencia de connotaciĂłn indĂgena" realizado por LyD, al contabilizar los casos cubiertos en la prensa desde 1990 a junio de 2014 se produjeron 1.701 hechos de violencia de connotaciĂłn indĂgena, los que han aumentado en intensidad y se han concentrado principalmente en la zona de La AraucanĂa.
Desde su aplicaciĂłn en 1993, el Estado ha entregado 163 mil hectĂĄreas a travĂŠs de la Conadi, destinando mĂĄs de 800 millones de dĂłlares en los Ăşltimos catorce aĂąos. Pero seguimos frente a una situaciĂłn de demandas crecientes y de violencia en la que no se vislumbra un punto de inflexiĂłn.
A su vez, aĂşn cuando fue creada para proteger a los indĂgenas, esta polĂtica de tierras no ha tenido un impacto positivo en la mejora de su calidad de vida. De acuerdo a la Encuesta CASEN 2011, un importante porcentaje de la poblaciĂłn indĂgena vive en situaciĂłn de pobreza y exclusiĂłn social, superando en 5 puntos porcentuales a los niveles de pobreza de la poblaciĂłn no indĂgena (19,2% y 14,1% respectivamente).
Estamos entonces frente a una polĂtica que va en la direcciĂłn equivocada. Lejos de fomentar el desarrollo de los pueblos, lo frena, estableciendo limitaciones al disminuir el valor alternativo de esas tierras, con la imposibilidad de enajenar u arrendarla, lo cual impacta en la productividad al carecer de un marco legal adecuado para que la entrega de tierras sea un proceso racional y no estĂŠ sujeto a la discrecionalidad ni a medidas de presiĂłn. Lamentablemente, no existe en la Ley IndĂgena un impedimento legal para que las comunidades indĂgenas que hayan tomado algĂşn fundo o que hayan sido partĂcipes de una acciĂłn violenta accedan a beneficios.
En definitiva, si el cuantioso aumento de presupuesto destinado a la compra de tierras no ha tenido un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indĂgenas ni en la disminuciĂłn de hechos de violencia, es un buen momento de repensar la polĂtica de tierras. De allĂ que los anuncios en la lĂnea de mayores compras, sin que se acompaĂąe de cambios en las reglas del juego, no serĂĄ la soluciĂłn. Interesante entonces es la elaboraciĂłn de un nuevo catastro, pero que establezca criterios mĂĄs restrictivos en materia de lĂmites a la compra de predios, porque en el escenario actual de escasez de oferta de tierras y de demandas crecientes, el generar mĂĄs expectativas puede ser aĂşn mĂĄs perjudicial para la paz social, el desarrollo y el diĂĄlogo fraterno en La AraucanĂa.
