A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN VOCES DE LA TERCERA.
Desde sus inicios, el sistema escolar chileno ha contado con la participación de entes públicos y privados; ya desde fines del siglo XIX el Estado entregaba recursos a iglesias y fundaciones para que cooperaran con la labor educativa. El año 1854 se comenzaron a otorgar subsidios estatales a escuelas privadas, práctica que se consolidó con la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que consagró el pago de una subvención mensual sobre la base de asistencia media a toda sociedad que impartiera educación. Lo anterior se recogió en el sistema de financiamiento vía subvenciones instaurado en los ‘80. Éste consiste en un monto por alumno que se entrega mensualmente a los sostenedores de establecimientos educacionales (municipios o particulares con y sin fines de lucro), y que varía de acuerdo a la asistencia efectiva, el curso, la jornada y el tipo de enseñanza. Posteriormente se agregó la subvención escolar preferencial, que permite incrementar los recursos para alumnos prioritarios.
Lo anterior significa que el financiamiento se entrega vía subsidio a la demanda, es decir, según la elección de las familias. La alternativa es que el Estado financie las escuelas de acuerdo a sus propios criterios, que no necesariamente coincidirán con las preferencias de las familias. Hoy existen también fuentes de recursos a la oferta, como por ejemplo el FAGEM y otros fondos que se entregan al sector municipal. Debido a que, con un sistema de subvenciones a la demanda como el nuestro, el dinero no pasa por las manos de los padres –pues se entrega directamente a la escuela elegida-, es fácil perder la noción de que el subsidio es para las familias, para que éstas sean las que decidan dónde matricular a sus hijos, y de esta forma determinen a qué proyectos educativos se les entregará financiamiento público.
Que sean las familias quienes tengan la última palabra respecto al destino de los recursos públicos, es una condición fundamental para asegurar que efectivamente exista una oferta de proyectos educativos que se adecúe a sus necesidades y preferencias. Si dejásemos en manos del Estado la decisión sobre qué proyectos financiar, es probable que éste falle en determinar qué es lo que quieren las familias de cada uno de los rincones del país. No se trata de creer o no en la capacidad del Estado, sino de ser realista frente a las posibilidades de que ciertas decisiones centralizadas logren dar con lo que quiere la ciudadanía. Tal es el caso del Transantiago, cuyo fracaso se explica porque se ignoró la realidad de cada uno de los chilenos y se pretendió sustituir sus millones de decisiones diarias por una planificación centralizada de los recorridos.
Que el Estado financie los proyectos educativos que eligen las familias de acuerdo a su propia realidad, a través de subsidios a la demanda, es una forma de asegurar que exista libertad de elección. El diseño de la subvención, a su vez, por ejemplo a través de la entrega de más recursos según la necesidad del alumno, es fundamental para asegurarnos de que efectivamente las familias tengan la posibilidad de elegir la escuela de su preferencia.
¿Significa esto que el Estado debe financiar sin pedir nada a cambio? Por supuesto que no; el rol de fiscalizar y exigir un mínimo a las escuelas es perfectamente consistente y necesario con un esquema de financiamiento a la demanda. Esto es lo que hace actualmente tanto la Agencia como la Superintendencia de educación escolar.
¿Significa esto que el Estado debiera normar y delimitar en qué podrá gastarse cada peso de subvención? Tal como se señaló en un documento publicado la semana pasada por la Conferencia Episcopal (http://documentos.iglesia.cl/conf/documentos_sini.ficha.php?mod=documentos_sini&id=4284&sw_volver=yes&descripcion), esto sería equivalente a limitar el desarrollo de proyectos educativos, en la medida que restringe la posibilidad de innovar en nuevos modelos y prácticas que estén fuera del marco establecido por el Estado.
Lo anterior es, desde mi punto de vista, muy atingente a la discusión que vendrá con el envío de los proyectos de ley comprometidos por el Ministro de Educación, pues de sus declaraciones se puede inferir que el mecanismo que se usará para prohibir el lucro será restringir el uso de la subvención hasta el punto de evitar el retiro por parte de los sostenedores. Sin embargo, de esta forma también se eliminará cualquier espacio para innovar en prácticas inéditas y con ello mejorar la calidad de la educación, limitándose la libertad para el desarrollo de nuevos proyectos educativos que se adapten a una ciudadanía en constante cambio. Un tema peligroso que sin duda habrá que tener en cuenta.
