A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JORGE RAMÍREZ, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE LYD, PUBLICADA EN EL DÍNAMO.
El impulso reformista de la Nueva Mayoría en los primeros meses de gobierno tiene variadas interpretaciones. Podría tratarse de un auténtico compromiso con una reestructuración del modelo, tesis que se enlaza con la reivindicación de la vocación reestructuradora supuestamente perdida durante la década de los 90’s y 2000, o quizás se trata solamente del aprovechamiento de un periodo de “luna de miel” del que han gozado históricamente los Presidentes entrantes, o por qué no una suerte de test de la blancura frente a la “calle” como retribución al ethos del programa de gobierno, que precisamente tuvo como fuente de inspiración a la coyuntura política y social de 2011.
Sin embargo, sea cual sea el principio directivo del impulso reformador, sorprende la falta de comprensión detrás de la administración del proceso legislativo iniciado por la Nueva Mayoría. El debate en áreas tales como la reforma tributaria -y veremos cómo se da en la arena de la reforma electoral- sólo ha dado cuenta de una escasa disposición a dialogar y fraguar acuerdos que permitan que tanto la nueva institucionalidad sea asumidas como propia por todos los actores del proceso decisorio.
En políticas públicas, lo que se gana en impulso transformador, se pierde en la estabilidad temporal de las mismas. Basta que la correlación de fuerzas políticas cambie para que estas reformas se reviertan a la luz de las mayorías políticas circunstanciales. Para ningún país es deseable que materias tan sensibles queden sujetas a una dinámica pendular donde el ejercicio político se reduzca a la dialéctica del hacer y deshacer. Con esto, finalmente es la estabilidad del orden político y económico lo que se hipoteca.
En la Nueva Mayoría debieran comprender que si sus propuestas de reformas son legitimadas por todos los actores (mediante la incorporación de todas las visiones y la apertura a la negociación), serán parte de un legado político común y por ende reconocidas como parte constitutiva de un esfuerzo país general para mejorar nuestra institucionalidad. Por tanto, abrirse al diálogo podría ser incluso funcional a la proyección política de la Nueva Mayoría.
