A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JORGE RAMÍREZ, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE LYD, PUBLICADA HOY EN CHILE B.
Un significativo avance ha experimentado nuestra democracia a partir de la aprobación en su segundo trámite constitucional del voto de los chilenos en el exterior. Dentro de la experiencia comparada, Chile se encontraba dentro de un grupo no selecto de países en términos de credenciales e historial democrático -con la excepción de Uruguay-, que no contemplaba posibilidad alguna para la participación electoral de sus comunidades en el extranjero. Salir de ese grupo, constituye una buena señal en la consecución del objetivo de tener un sistema político más inclusivo, abierto y concordante con las dinámicas propias de la globalización, como es el tránsito de ciudadanos a través de las fronteras de los países.
Sin embargo, también parece prudente mencionar el hecho objetivo de que a partir de un movimiento pendular, pasamos de no contemplar mecanismos de voto en el exterior, a abrirnos a una fórmula bastante maximalista, si es que se le mira desde la perspectiva del vínculo temporal con el país de origen que algunos modelos de democracias consolidadas como Alemania, Gran Bretaña y Suecia, por mencionar algunos, poseen para delimitar las facultades de ejercicio del voto de nacionales en el exterior.
Sin embargo, una vez adoptada la fórmula de exigir una única inscripción consular como requisito para la concreción del derecho a sufragio, resulta pertinente advertir cuestiones que serán fundamentales tanto a nivel de la discusión sobre la ley orgánica y la implementación de la fórmula adoptada.
En primer lugar, no es trivial el mecanismo de votación que se adopte. Organismos abocados al estudio de la democracia y la asistencia electoral como IDEA Internacional señalan que la fase más crítica de los procesos de instauración de votación desde el exterior es precisamente su implementación. En este sentido, las fórmulas van desde voto presencial en urna concurrente a la elección general nacional, voto por correo en fórmula anticipada, o por qué no, ser pioneros en materia de incursionar en mecanismos de votación electrónica. Cada uno de estas fórmulas presenta fortalezas y debilidades, las cuales deberán ser ponderaras a partir de un juicio técnico, respecto de las capacidades institucionales que tanto el Servicio Electoral como los Consulados posean. Luego, se encuentran todas aquellas regulaciones vinculadas al proceso electoral como las disposiciones sobre propaganda, acceso a información, y resguardo de condiciones de orden público, entre otras, necesarias para el correcto desarrollo del sufragio desde el extranjero.
Los procesos electorales son estructuras complejas en cuanto a su diseño, esperemos que sin la premura de una votación encima donde implementar el sistema, se adopte la mejor fórmula, porque sabemos que el éxito de muchas de estas reformas, está condicionado a sus detalles.
