A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE NUESTRA CONSEJERA, PATRICIA MATTE, PUBLICADA EN LA TERCERA.

El gobierno se ha propuesto terminar gradualmente con el financiamiento compartido e incrementar la subvención general hasta cubrir lo que hoy aporta el copago. Participo en corporaciones educacionales sin fines de lucro. Tanto en la SIP -que sostiene 17 colegios en sectores vulnerables de Santiago- como en la Fundación Los Nogales -con un colegio en Puente Alto-, la subvención general se destina en su totalidad a remuneraciones (en el caso de la SIP en un 98% y en Los Nogales 110%). Es decir, la subvención no cubre los costos de entregar una educación de calidad.

¿Cómo logramos entregar una educación reconocida por su excelencia? Los apoderados proporcionan esos recursos a través del financiamiento compartido. En el caso de la SIP, se percibe, además, la subvención preferencial por los niños prioritarios, que es mucho mayor que el financiamiento compartido. Esta permite tener en promedio sobre un 50% de niños vulnerables que comparten aula con niños de sectores más acomodados.

Quienes promueven el fin del copago afirman que esos recursos se transferirían desde el Estado mediante un alza de la subvención para suplir aquellos que aportan hoy los padres. Nuestra  experiencia nos indica que generalmente los recursos públicos vienen atados a destinos específicos y que sólo los provenientes de los padres pueden ser usados con flexibilidad para poner en práctica el proyecto educativo y hacer la diferencia en calidad. Incluso los que se perciben por la Ley de Subvención Escolar Preferencial, aunque más flexibles, deben utilizarse principalmente en apoyo a los niños vulnerables y su rendición implica una carga administrativa adicional.

Los recursos provenientes del copago se destinan al apoyo y capacitación de nuestros profesores, y a financiar la oficina central que proporciona el soporte técnico pedagógico y de gestión administrativa y financiera a los colegios. Además, desarrollamos múltiples actividades extra curriculares, tanto para nuestros alumnos como con los apoderados, constituyéndose éstos en actores centrales de la educación de sus hijos.

Llama la atención que en este debate nadie se ha preguntado cuál es el estándar educativo que Chile quiere para sus ciudadanos y  cómo allegaremos los recursos para lograrlo.  Educar en un colegio SIP cuesta $ 83.275 por niño y en el Colegio Los Nogales, donde el aporte de los padres es mayor, asciende a $ 89.589 por mes. ¿Será eso suficiente? ¿Cuánto más estamos dispuestos a financiar como país y en cuánto tiempo lograremos cubrir esa diferencia? ¿Qué objetivos y contenidos debiera tener nuestro sistema educacional? Estas preguntas son imprescindibles de responder antes de tomar cualquier decisión.

Como país debemos focalizarnos en disminuir la segregación educacional y mejorar la calidad. La creación de una subvención diferenciada va en la línea correcta, pues aporta más recursos para aquellos niños que tienen una mayor necesidad. Nuestra experiencia indica que pueden coexistir la transparencia y rendición de cuentas con una mayor flexibilidad en el uso de los recursos, sobre todo con la puesta en marcha de una Superintendencia y Agencia dotadas de herramientas de fiscalización en aras de la calidad.

En todo caso, el análisis resulta incompleto sin considerar como una variable central que los padres tienen derecho a seguir destinando recursos adicionales para darles mayores y mejores oportunidades.