A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE LA INVESTIGADORA DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, CONSTANZA HUBE, PUBLICADA HOY EN LA TERCERA.

En momentos en que se plantea la gratuidad en educación superior como requisito sine qua non para formar parte del próximo gobierno y en que pareciera que ex dirigentes estudiantiles (actuales diputados oficialistas) tiene el poder de vetar a quiénes ellos consideran como inhabilitados para ejercer los cargos, son muchas las interrogantes que se presentan con respecto a este tema. ¿Gratuidad universal para todos quienes asistan a todas las instituciones de educación superior, incluyendo Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales? ¿Gratuidad con letra chica, es decir con cargo a un impuesto a la salida de la carrera? Sin perjuicio de éstas y más preguntas sobre la gratuidad –que pareciera ser el único tema de discusión en educación- hay otro punto que pareciera no ser objeto de preocupación. ¿Qué pasará con los proyectos pendientes en educación en el próximo gobierno que ni se mencionan en medio de esta fijación por la gratuidad?

Hay tres proyectos que son especialmente relevantes, ya que constituyen importantes reformas en los distintos niveles de educación y respecto de los cuales no habido voluntad política para sacarlos adelante: Carrera docente, Autorización de Jardines Infantiles y Superintendencia de Educación Superior.

El primero, buscaba reformar el rígido Estatuto Docente, y a pesar de que fue presentado hace ya casi dos años no tuvo movimiento legislativo, luego de un fuerte lobby especialmente de parte del Colegio de Profesores. Por esto, el Gobierno presentó una indicación sustitutiva, que tuvo por finalidad sacar adelante parte del proyecto, particularmente lo que se relaciona con el inicio de la carrera docente. Entre los puntos destacables se encuentra el aumento de remuneraciones de entrada al ejercicio de la carrera docente en todo el sector subvencionado para los mejores egresados de pedagogía y la disminución de las horas lectivas. A pesar, de que fue aprobado en la Cámara –luego de un acuerdo entre parlamentarios oficialistas y de oposición- fue aprobado sólo en general en el Senado, por lo que no alcanzará a ser ley en este gobierno.

El segundo busca exigir un control respecto del funcionamiento de establecimientos de educación parvularia, exigiendo por primera vez en nuestro país, una autorización obligatoria cumpliendo con una serie de requisitos, tan básicos como que no puedan ser dueños y trabajar en un jardín infantil, personas que hayan sido condenadas por abuso sexual. A pesar de que este proyecto fue presentado hace casi un año –como reacción a los casos de alta connotación pública que dieron cuenta de graves irregularidades- y luego de que en la Cámara tuvo una rápida tramitación, el proyecto se entrampó en el Senado producto de una serie de indicaciones presentadas por parlamentarios de la Nueva Mayoría. Estas indicaciones no tuvieron otro objetivo que dilatar la tramitación y en definitiva impedir que el proyecto fuera aprobado.

Finalmente, el proyecto de Superintendencia de Educación Superior que apuntaba a darle credibilidad a nuestro sistema de educación superior, en más de dos años, no pasó ni siquiera el primer trámite legislativo.

Es de esperar que esta suerte de obsesión que tiene el movimiento estudiantil con la gratuidad y con el lucro no capture la agenda de educación del próximo gobierno. Mirando más allá de las consignas hay iniciativas que se hacen cargo de los reales problemas de la educación en todos sus niveles, como son la calidad, transparencia y confianza en el sistema, y que no están teniendo espacio producto de la miopía de unos pocos.