MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS

A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE DANIEL MONTALVA, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, PUBLICADA EN LA TERCERA.

Dos proyectos relativos al sistema de medios de pagos electrónicos se encuentran actualmente en tramitación en el Congreso. Sin perjuicio de que su futuro es incierto debido al cambio de gobierno y posiblemente de los parlamentarios integrantes de las Comisiones de Economía de ambas cámaras, pueden ser provechosos para el mercado así como para una más rápida circulación del dinero, con los beneficios que esto conlleva.

El primero de ellos, actualmente en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, es aquél que permite a entidades no bancarias emitir medios de pago con provisión de fondos, es decir, dichas entidades podrían emitir tarjetas de pre pago, ampliándose así los medios de pago electrónicos hoy existentes -tarjetas de crédito y débito-, con el beneficio que éstas no requieren de una cuenta corriente u otro producto financiero asociado.

El segundo de ellos busca regular la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos, que comprende tres grandes funciones: la emisión, que es la generación de las tarjetas; la adquirencia, que es la afiliación de establecimientos comerciales al uso y aceptación de una determinada tarjeta y finalmente la de procesamiento, que se traduce en el procesamiento y transmisión de la información entre los distintos actores de dicho sistema (titulares o tenedores de tarjetas, y emisores y adquirientes del sistema de débito, crédito y prepago).

Pues bien, este proyecto, que se encuentra en el Senado establece ciertas obligaciones para el operador de tarjetas de créditos, que es quien realiza el procesamiento. Se establece así, que si existe una calificación expresa por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de que las condiciones existentes en alguno de los mercados de los medios de pagos electrónicos no son suficientes para garantizar la libertad de acceso, los operadores deben establecer condiciones y requisitos objetivos para prestar sus servicios de procesamiento y darlos a toda empresa que cumpla con tales requisitos. A su vez, se establece que, sin necesidad de pronunciamiento previo por parte del TDLC, todo operador debe permitir la interoperabilidad e interconexiones a su red a emisores y otros operadores.

Sin perjuicio que puedan sean perfectibles los proyectos -como puede ser la revisión del rol del TDLC-, ambos claramente van en la línea correcta, ya que no solo introducirían una mayor competencia a un mercado por si complejo, sino que a su vez permitirían una mayor cobertura y penetración del sistema, con los grandes beneficios que ello significa para la población, y a su vez admitirían la implementación de nuevos sistemas de pagos electrónicos como puede ser, por ejemplo, el uso de teléfonos celulares para así extender aún más este sistema y así facilitar la vida de las personas.

La única precaución que podría estimarse prudente hacer, es que durante la tramitación de estos proyectos, sobre todo aquél que establece obligaciones para los operadores, no se establezca una regulación de tarifas, ya que esto afectarían los objetivos mismos de estos proyectos. Es suficiente, con que las tarifas puedan ser constituidas libremente pero ser a su vez, públicas, objetivas y  no discriminatorias.