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DESAFÍOS DEL NUEVO EQUIPO ECONÓMICO

El Mostrador Mercados

A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DEL INVESTIGADOR DEL PROGRAMA ECONÓMICO DE LYD, FRANCISCO KLAPP, PUBLICADA EN EL MOSTRADOR MERCADOS.

Tras revelar el gabinete que acompañará a la Presidenta electa, Michelle Bachelet, en el inicio de su segundo gobierno,  vale la pena revisar algunos de los desafíos e interrogantes que los nuevos encargados de las carteras eminentemente económicas –Hacienda y Economía- deberán enfrentar. Estos desafíos, así como las expectativas de “reformas (pero) con continuidad”, que deberán administrar son diversas y nada triviales. A continuación dos de estas.

El Ministerio de Hacienda tiene a Alberto Arenas a la cabeza. El doctor en economía de la Universidad de Pittsburgh, militante socialista y ex Director de Presupuestos de Andrés Velasco tendrá que conducir la tan anticipada reforma tributaría. Esta reforma, si bien cuenta con los quórums necesarios para rápidamente ser aprobada en ambas Cámaras, probablemente no resulte en la práctica nada fácil de liderar.  Además de aumentar el impuesto de primera categoría de un 20% a un 25% (hasta acá sencillo desde el punto de vista legislativo), la reforma pretende cambiar la base sobre la que los dueños y socios de las empresas pagan sus impuestos personales, pasando del actual cobro al momento del retiro de las utilidades (o pago de dividendos), a cobrarse cada vez que se genera el derecho sobre utilidades al interior de la empresa. De esta forma, independiente del flujo que reciba el inversionista, éste deberá pagar la totalidad de sus impuestos personales sobre el porcentaje de ganancias a las cuales sólo eventualmente podría acceder. Y es aquí donde legislar no resulta nada sencillo, pues este cambio implica una reescritura mayor de la ley de la renta y su espíritu; los incentivos para estructurar las empresas, lo que naturalmente debe considerarse al redactar el proyecto; los nuevos costos administrativos para privados y Estado del sistema y -por consiguiente- su eficiencia; así como los incentivos al ahorro al interior de las firmas, que en última instancia han financiado gran parte de la inversión en los últimos 30 años. El diablo está en los detalles, e incluso si estos -que nos son pocos- se sortean de la mejor manera posible, queda la pregunta respecto al manejo presupuestario de los nuevos recursos transferidos desde privados al Estado, después de todo está la promesa de volver a un equilibrio fiscal cíclicamente ajustado.

La cartera de Economía quedó a cargo del también economista PhD de NYU, ex coordinador de políticas económicas y asesor jefe de Velasco, Luis Felipe Céspedes. Su tarea -aunque menos mediática- es también titánica: recuperar la productividad y competitividad de nuestra economía.   Productividad, entendida como la capacidad de crecer más allá de la acumulación de capital, y trabajo, que de acuerdo al último Boletín Trimestral Evolución de la PTF en Chile publicado por la Corfo y UAI (donde Céspedes hoy enseña), apenas si creció un 1% anual entre 2000-2008, luego de crecer por sobre el 2% entre 1993 y 1998, lo que al final del día se traduce en una economía que en vez de crecer al 5% lo hace al 4% anual. Lo anterior, implica no sólo continuar y potenciar  medidas como la Agenda de Impulso Competitivo, Pro Inversión y Competitividad, e impulsar la rápida tramitación de dos nuevos proyectos de ley, hoy en el congreso, que buscan -respectivamente- promover la actividad minera y la inversión a través de modificaciones al Código de Aguas, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y las concesiones marítimas. Sino  que  ir mucho más lejos, apuntando a que el Ministerio lidere una cruzada para identificar y mejorar los procedimientos administrativos que hoy traban la inversión. Y especialmente que se comprometa con limitar la discrecionalidad, las indefiniciones y los vacíos, que inevitablemente, terminan promoviendo la vía judicial, y redundan en que la política económica (energética, ambiental, planificación territorial, etc.) se resuelva en tribunales. Algo obviamente indeseable, independiente del color político del gobierno de turno.

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