ELIMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO: ¿LA SOLUCIÓN A LA SEGREGACIÓN?

A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN VOCES DE LA TERCERA.

El financiamiento compartido fue instaurado en 1994 y consiste en un cobro que pueden hacer los establecimientos particulares subvencionados (y liceos municipales) a las familias. Están exentos de todo pago los alumnos prioritarios suscritos a la SEP (Subvención Escolar Preferencial) y los considerados dentro del 15% de matrícula vulnerable de cada colegio.

En el programa del próximo Gobierno se contempla eliminar el financiamiento compartido para acabar con la segregación socioeconómica que hay en nuestro sistema escolar. Lo cierto es que no existe evidencia que sustente que una medida como ésta vaya a cumplir con ese objetivo, ni que justifique quitar este mecanismo que contribuye con US$ 600 millones anuales al sistema, que ayudan a acortar un poco la brecha que existe entre los recursos que recibe el sector particular subvencionado y el municipal (el primero recibe aproximadamente $ 1 millón anual promedio por alumno, mientras que el segundo, $ 1,5 millones).

El argumento intuitivo detrás, es que las escuelas, a través de sus cobros, dejarían afuera a estudiantes de sectores de bajos recursos, segregándolos. Sin embargo, dado el diseño del mecanismo del financiamiento compartido, ese análisis puede justamente derivar en lo contrario: el financiamiento compartido, al reunir a alumnos de familias que pueden pagar un copago, con alumnos prioritarios y los del 15% que están becados, contribuye generando una mayor diversidad al interior de la sala de clases.

La escasa literatura que aborda el tema tampoco demuestra que exista una relación clara, ni menos causal, entre financiamiento compartido y segregación escolar. Un reciente estudio del Centro de Políticas Públicas de la UC[i] aporta nueva información: mayores niveles de segregación no tienen tanto que ver con el hecho de cobrar o no, sino con el monto que se cobra, de manera que el 40% de las escuelas de menor financiamiento compartido tienen índices de segregación mejores que las escuelas municipales gratuitas. Es decir, hay un número importante de escuelas particulares subvencionadas con financiamiento compartido que integran de mejor forma que las municipales a alumnos vulnerables. Recordemos además que la mitad de las escuelas con copago cobra menos de $ 11 mil al mes.

Por otro lado, los autores discuten cuál es el efecto en el aprendizaje de los alumnos que se cambian desde una escuela municipal a una con financiamiento compartido. Usando una metodología inédita que corrige mejor el problema de endogeneidad[ii], encuentran mejoras de hasta 6 puntos promedio (0,9 desviaciones estándar) entre el SIMCE de 8° básico y 2° medio, así como una relación positiva entre la magnitud de la mejora y el monto del copago. Alumnos que se cambian a colegios que cobran $ 15 mil subirían hasta 25 puntos sumando matemáticas y lenguaje, y en los que cobran $ 30 mil, aumentarían 50 puntos totales. La eliminación de estos recursos del sistema disminuiría la oferta de alternativas de calidad para las familias chilenas. Y no sólo de calidad en términos académicos, sino también respecto a atributos del ambiente escolar.

En el mismo documento se discuten los motivos que tienen los padres para escoger colegios con copago por sobre escuelas municipales, a pesar del esfuerzo que esto significa para la familia. A partir de entrevistas, concluyen que los padres valoran atributos como la disciplina, cercanía de los profesores, clima escolar, la seguridad y la confianza que les entrega su establecimiento. Mencionan además que los colegios tienen mecanismos para facilitar el pago, como becas, descuentos y condonaciones.

La iniciativa de eliminar el financiamiento compartido no resolverá el problema de segregación ni mejorará las alternativas de calidad para las familias de menores ingresos. Una medida como ésta conduciría a debilitar el sector particular subvencionado, mayoritariamente preferido por las familias, a disminuir las alternativas que éstas tienen hoy de educar a sus hijos en proyectos diversos, y dañaría a colegios con buenos resultados, estigmatizando a sostenedores que han hecho un importante aporte a la sociedad. Si queremos que nuestro sistema escolar siga progresando, mejor tengamos en cuenta la evidencia y propiciemos cambios que sí está demostrado que tendrán un impacto positivo, por ejemplo lo que atraiga mejores profesores en las salas de clases. No nos basemos en diagnósticos faltos de sustento que pueden llevarnos a nivelar para abajo y perjudicar justamente a quienes se pretende favorecer.


[i] Paredes, R.; P.Volante; J.R.Zubizarreta; M.Opazo. 2013. Financiamiento compartido en la educación subvencionada chilena. Centro de Políticas Públicas UC, Propuestas para Chile 2013, pp. 51-83.

[ii] El problema de endogeneidad en la selección de escuela se produce porque hay variables no observables que pueden afectar simultáneamente los resultados de aprendizaje de los alumnos y la elección de escuela tomada por sus padres. De esta forma, se dificulta la identificación del impacto del tipo de escuela en el aprendizaje del alumno. En este caso particular, si padres más motivados están dispuestos a destinar más recursos para mejorar la educación de sus hijos, se podría confundir el impacto de la escuela en los aprendizajes, con el impacto que tiene que un padre más motivado dedique un mayor tiempo en el hogar a enseñarle.