A continuación reproducimos la columna de Cecilia Cifuentes, investigadora del Programa Económico, publicada en La Segunda:

Uno de los aspectos que me parecieron más importantes del primer curso de Economía, que hice hace ya muchos años, fue el tributario. Clave me pareció el concepto de que los impuestos finalmente no los paga quien dice la ley que debe pagarlos, sino que su incidencia depende de las condiciones de los mercados en que éstos se aplican, o en un lenguaje más técnico, de las elasticidades de oferta y demanda de bienes y factores productivos. No logro entender por qué entonces cuando abundan diferentes propuestas de alzas de impuestos, con su supuesto efecto en equidad distributiva, el principio anterior pasa al olvido. No sólo eso, algunas propuestas van más allá, e incluso plantean cálculos de cómo cambiaría el Indice Gini después de aplicadas las alzas. ¿Es posible hacer ese cálculo en forma correcta? Pienso que no, veamos un ejemplo. Más de alguna propuesta apunta a subir el impuesto a las empresas a un 25%. ¿Quién paga ese 5% adicional? ¿Lo paga el dueño de la empresa? La respuesta, como sabemos los economistas, es depende, ¿de qué? de las elasticidades de oferta y demanda, que son distintas para cada bien, para cada mercado y para cada factor productivo en cada mercado. En algunos casos el alza la pagará el dueño, en otros llevará a mayores precios de los bienes y lo pagarán los consumidores, en otros llevará a menor contratación y/o menores reajustes salariales, y lo pagarán entonces los trabajadores, y en general se traducirá en una combinación de todos estos elementos, que va a ser variable dependiendo de cada caso en particular. Me parece entonces que es imposible determinar el efecto redistributivo de la medida, sin pasar por supuestos que serían excesivamente arbitrarios, ya que probablemente esas diferentes elasticidades tampoco son estables en el tiempo. Es evidente que los impuestos generan efectos redistributivos, pero es imposible saber a priori cuales serán, y de hecho es muy probable que los efectos redistributivos de un impuesto como el IVA no sean muy distintos a los del impuesto de Primera Categoría, que es la vedette de todas las propuestas que buscan mejorar la equidad. Esto sin considerar obviamente los otros efectos que generan los impuestos sobre la eficiencia y el crecimiento económico. El impuesto a la empresa, en la medida en que es pagado por el capital, afecta negativamente la inversión, y por lo tanto es, sin duda, un impuesto al desarrollo económico.

En definitiva, a priori son muy poco claros los efectos redistributivos de los impuestos, pero sí son evidentes sus efectos en eficiencia, por lo que a la hora de recaudar para financiar un gasto que sí puede contribuir y mucho a mejorar la equidad, se deben privilegiar los impuestos menos distorsionadores, y evitarse aquellos que afectan negativamente el crecimiento. El impuesto progresivo a la renta es otro buen ejemplo. Finalmente este es un impuesto al capital humano, que es un factor aún no muy abundante en nuestro país, y cuya demanda, por lo tanto, es más bien inelástica. ¿No será entonces que las elevadas brechas salariales en Chile están explicadas en algún grado en la fuerte progresividad de los impuestos y que si éstos fueran más parejos la brechas también serían menores? ¿Podrá ser que el 40% de impuestos que pagan los de mayores ingresos finalmente no lo estén pagando ellos, sino que su incidencia esté recayendo en parte en el resto de la sociedad? Si eso fuera así, y es probable que lo sea en parte, deberíamos avanzar a un sistema de tasa plana, que incentive el trabajo y la inversión en capital humano, y de esa forma hacer que sea un factor más abundante. En definitiva, en vez de buscar que los ricos disminuyan su ingreso disponible, incentivar que haya más personas que lleguen a serlo.

Al menos para mí la conclusión en materia tributaria es que debemos privilegiar la eficiencia, distorsionar lo menos posible los precios e incentivar el crecimiento y el desarrollo económico. De esa forma obtendremos los recursos para lograr una real igualdad de oportunidades a través de las políticas de gasto público, y no a través de la forma de recaudar.