EMPRESAS Y DONACIONES POLÍTICAS

A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada en El Mercurio:

Buena parte de la literatura especializada demuestra que los límites al gasto y a las donaciones suelen ser promovidos en nombre del interés público, sin embargo son típicamente barreras de entrada que los incumbentes establecen frente a los candidatos desafiantes. El incumbente, tiene gran ventaja en la competencia sobre el desafiante, quien debe gastar muchos más recursos para darse a conocer y recuperar la “ventaja” que le lleva el primero.

En esta materia, se suelen confundir –interesadamente– cosas bien distintas: una cuestión es la configuración de figuras delictivas (cohecho o tráfico de influencia), las que deben ser sancionadas como cualquier delito y la otra, bien distinta, es utilizar esto como excusa para establecer un sistema de financiamiento estatal o  limitar el financiamiento privado sólo  a las personas naturales, dejando fuera a las empresas, sindicatos y ONGs.

Lo relevante es que las reglas de donaciones por parte de las empresas estén sujetas a estándares de transparencia exigentes, lo que sí sucede hoy en Chile respecto de las normas de gasto electoral, al establecerse un complejo sistema de donaciones en tres niveles: anónimas, reservadas y públicas, dependiendo de los montos. Junto a ello, hay además normas estrictas respecto del órgano que debe aprobar la donación.

Algunos sostienen que toda donación debiese ser pública, no reservada. Es una opción; sin embargo, es amplia la evidencia que demuestra que la transparencia total suele venir acompañada de extorsión y represalias cuando las donaciones son a la vereda política opuesta de la autoridad de turno.

Respecto de las donaciones a los partidos en épocas no electorales, acaba de ingresar un proyecto de ley que reforma sustantivamente la ley de partidos políticos, que abre una oportunidad valiosa para elevar los estándares de transparencia.

Además, de que ya hay una regulación razonable en la relación empresas-política, no hay que olvidar que  la Constitución Política  ampara  las donaciones de las compañías en el marco de  la autonomía de las sociedades intermedias, la libertad de asociación y de expresión.