INAUGURACIÓN AÑO JUDICIAL 2013

A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada en El Mercurio:

La próxima semana (el 1 de marzo), el Presidente de la Corte Suprema se referirá en su discurso de inauguración del año judicial 2013 a la labor realizada durante 2012 y a los desafíos del sector para el 2013. Al igual como lo vengo haciendo hace siete años, quisiera aprovechar esta tribuna para referirme a dos cuestiones que serán centrales del debate judicial de este año, pero que seguramente no estarán en el referido discurso: el profundo impacto que puede tener la Reforma Procesal Civil en el rol de la Corte Suprema, y el problema del activismo judicial.

En primer lugar, y parafraseando a Bastiat, “lo que se ve” es que la Reforma Procesal Civil está en marcha: avanza en el Congreso el nuevo Código Procesal Civil y en el Ministerio de Justicia las reformas orgánicas que le darán vida; “lo que no se ve” son las inquietudes al interior de la Corte Suprema respecto de su porvenir.

¿Cómo una “mera” reforma procesal puede cambiar tan radicalmente el destino de la históricamente poderosa institución republicana? Muy simple: el legislador, al replantear la competencia jurisdiccional de la Corte, está sentando las bases para revisar su rol institucional. Imagínese una Corte Suprema que pasa de conocer 13.000 recursos al año a unos 200 o 300. La Corte saldrá del sistema estatal de solución de controversias, el que terminará en las Cortes de Apelaciones

¿Seguirán siendo necesarios 21 ministros? No; probablemente solo 7 o 9, de los cuales una mayoría debiese terminar siendo externa a la Judicatura. ¿Tendrá sentido que la institución encargada de uniformar la jurisprudencia y pronunciar sentencias que tendrán la fuerza sustantiva del precedente, siga a cargo de la administración del Poder Judicial, de las calificaciones y la disciplina de los jueces? No; para eso existirán diferentes comisiones adhoc que estarán integradas por una multiplicidad de jueces, académicos, expertos en gestión, etc. Es lo que está haciendo el mundo desarrollado.

¿Se trata todo esto de una revolución? No; al igual que en otras áreas de la modernización del Estado, solo se trata de poner al día al sistema judicial. ¿Perderá la Corte Suprema independencia y poder? Independencia en lo absoluto. Desde la perspectiva del poder la respuesta es mixta: no en un sentido jurídico. Muy por el contrario: pasará a ser un órgano extraordinariamente poderoso al poder seleccionar discrecionalmente los asuntos más relevantes para cumplir su verdadero rol de uniformar el derecho. Obviamente habrá una pérdida de poder burocrático (el que da la administración de recursos, manejo de los ascensos y carrera judicial, etc.), pero las Cortes Supremas no están para eso.

En segundo lugar, 2013, al igual que 2012, podría ser un año en que algunos jueces querrán usar su investidura para combatir la injusticia, el capitalismo y la globalización, buscando resolver controversias jurídicas ya no mediante la aplicación objetiva del derecho vigente, sino, echando mano a una escala subjetiva de preferencias políticas, valóricas, religiosas, etc. El paradigma de este activismo judicial durante el 2012 fue el fallo Castilla, de la tercera sala de la Corte Suprema.

Y es que las sentencias no son vehículo para la reforma social. Si un juez así lo cree, está en todo su derecho y es buena idea que abandone su puesto y compita para un escaño en el Congreso.

Podemos pensar una serie de reformas institucionales para enfrentar el activismo judicial, pero tienen un efecto limitado: son los propios jueces quienes deben tener una auto comprensión clara de su rol en democracia. Esta filosofía judicial alternativa ha sido denominada de auto restricción o en una variante, minimalismo judicial, y buscan poner de relieve que los asuntos más difíciles, que usualmente dividen a la sociedad en términos políticos, valóricos o culturales, deben ser resueltos en el Congreso, por los representantes del pueblo, y no en una sentencia.