AGENDA ENERGÉTICA: EL DESAFÍO DE TOMAR POSTURAS

A continuación, reproducimos la columna de Susana Jiménez, Economista Senior de LyD, publicada originalmente en El Mercurio.

La escasez de proyectos de generación eléctrica, las dificultades para su realización y los altos costos de la electricidad amenazan la competitividad y capacidad de desarrollo del país. Es por ello que el tema energético seguirá marcando la agenda durante este último año de gobierno.

Lo que está en juego es mucho más que un conjunto de medidas concretas que implementar. En la antesala de las elecciones, la ciudadanía va a exigir a la autoridad y a los candidatos definiciones respecto de la política energética nacional y liderazgo para resolver los problemas que podría enfrentar la economía en esta materia. Para ello será clave mantener la defensa de la iniciativa privada en el sector, sin perjuicio del papel del Estado como ente facilitador de su desarrollo y como regulador en aquellos campos en que el mercado presenta imperfecciones.

El modelo eléctrico en general está bien orientado. Sin embargo, pese al buen funcionamiento que ha tenido el esquema prevaleciente, los proyectos de generación -sobre todo en base a carbón y recursos hídricos- enfrentan crecientes dificultades para su realización, lo que amenaza el suministro energético a precios razonables a partir de los próximos 3 a 4 años. Por ello, es probable que el sistema converja a un uso más intensivo de gas (GNL), motivado por las mejores expectativas de precio y disponibilidad del recurso y el menor rechazo que despertaría por ser una fuente de generación más limpia que las demás alternativas de combustibles fósiles. En este escenario, existiría algún espacio para que la autoridad colabore con el proceso de ajuste, agilizando los permisos ambientales, levantando información para evaluar la conveniencia de las localizaciones y, eventualmente, diseñando un sistema de compensaciones que beneficie a las comunidades afectadas, lo que reduciría la oposición a este tipo de proyectos.

Asimismo, se espera también un ingreso mayor de proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC) cuyos costos han bajado significativamente en los últimos años. Los beneficios de las ERNC son conocidos, pero también lo son sus limitaciones. Por ello, se debe evitar que se promuevan cambios legislativos que fuercen su ingreso si ello implica perpetuar precios aún relativamente elevados respecto de las alternativas convencionales.

También en el área de los recursos renovables, se exigirán posturas más claras respecto de la conveniencia o no de explotar los recursos hídricos del sur austral que permitirían aumentar sustancialmente la participación de fuentes propias, limpias y competitivas en nuestra matriz energética (aportarían entre 4.000 y 6.000 MW al SIC). Señalar que es recomendable impulsar los proyectos existentes en la medida en que cumplan con las exigencias medioambientales es necesario, aunque sea políticamente complicado.

Se vuelve además impostergable adoptar una postura frente al tema nuclear. Es una tecnología que genera aprensiones, pero que no emite gases contaminantes urbanos ni con efecto invernadero y podría proveer la energía necesaria una vez agotadas otras fuentes limpias de generación, a lo que se suma que su costo no es superior al de las termoeléctricas cuando operan a gran escala.

Junto a estas definiciones, hay medidas en curso que se espera concretar este año. Entre ellas, los proyectos de ley de concesiones y carretera eléctrica, orientados a agilizar los procedimientos que permiten materializar en más breve plazo las iniciativas, colaborando el Estado en los proyectos de mayor envergadura cuyo desarrollo por la vía regular resulta impracticable. Se suma la interconexión del Sistema Interconectado Central (SIC) y del Norte Grande (SING) que dará respaldo mutuo a los principales sistemas del país, así como adelantar las licitaciones para proveer de energía a las distribuidoras que, separando los contratos de corto y largo plazo, permitirán la entrada de nuevos actores al sistema y asegurarán un suministro a menor costo. Las medidas de la Agenda Pro Inversión deben también ser implementadas a través del proyecto de ley misceláneo para remover obstáculos y otorgar certezas para el desarrollo de proyectos de inversión.

En síntesis, son varios los temas donde se necesitan determinaciones, las que podrían marcar diferencias importantes en quienes aspiran a dirigir el país en los próximos años. Lo que sí es claro es que no basta con eslóganes ni buenas intenciones si queremos evitar que la estrechez energética se convierta en un cuello de botella para el desarrollo.