AFPs: CRÍTICAS A UN MODELO EXITOSO

A continuación reproducimos la columna de Francisco Klapp, investigador del Programa Económico de LyD, publicada en La Segunda:

Ya van más de treinta años desde su creación y religiosamente  –lo que va del 2013 no ha sido la excepción- resurgen críticas a nuestro sistema de pensiones, acompañadas de una gama de las más diversas propuestas que van desde el aumento de la cotización obligatoria, pasando por una  supuesta necesidad de crear una AFP estatal, hasta el deseo de eliminar por completo el sistema de capitalización individual para volver al antiguo sistema de reparto o “pay as you go”.  Sin negar que el sistema sea posiblemente  perfectible o  que requiera ajustes que respondan a los desafíos de la transición demográfica que enfrenta el país o la menor rentabilidad del ahorro propia de un país más desarrollado, críticas y propuestas  recurrentes  parecen desconocer la realidad –y las cifras- de un sistema mayormente exitoso y que por lo mismo ha sido exportado a otras latitudes.

Aumentar la tasa de cotización obligatoria, a más del 10% actual,  aunque aparentemente  razonable y beneficioso en el contexto de una mayor longevidad, puede tener efectos indeseados sobre las pensiones en cuanto incentiva a no cotizar o incluso a la informalidad, esto especialmente en los trabajadores de menores ingresos. Lo anterior es  especialmente relevante cuando se considera que los desafíos del sistema actual no se concentran en los trabajadores de ingreso promedio con alta densidad de cotizaciones, sino precisamente  en aquellos con grandes lagunas previsionales, quienes son los que podrían terminar cotizando aún menos. De hecho, la OECD estima que la tasa de reemplazo (pensión/ingreso mientras trabajaba) del trabajador de ingreso promedio en Chile sería de más de un 60%, superando a países como Suiza, Francia y Noruega.  Es decir, esta medida  podría ayudar a quienes cotizan pero no a aquellos que no, apuntando al lugar equivocado. Más aún, si la preocupación está en las rentas altas que no cotizan por el total de su ingreso, éste tampoco sería un camino efectivo, en cuanto existe la posibilidad de igualar el tratamiento que se le da al APV con el ahorro obligatorio (o alternativamente y  limitando la posibilidad de estos de elegir, al aumentar el tope imponible).

La creación de una AFP estatal –con su respectivo  proyecto de ley ya ingresado a la Cámara de Diputados a fines de enero- , se basa en que generaría  un aumento de la competencia en el sector capaz de disminuir las comisiones, aumentar la rentabilidad y finalmente mejorar las jubilaciones. Lamentablemente esto no es necesariamente cierto.  El número de participantes en una industria  no es siempre sinónimo de mayor competencia y eficiencia,  y  la historia del sistema de AFPs así lo demuestra. En 1988 existían 12 AFP, y el costo de administración promedio correspondía al 3.6% del sueldo imponible de cotizantes; en 1998, diez año más tarde, este costo correspondía al 2.7%; hoy con “sólo” 6 AFP este costo es menor al 1.5%. Más aún, la AFP más barata en la actualidad, cobra una comisión de un 25% de  lo que cobraba la más económica a fines de los año 80. La rentabilidad del sistema, tomando períodos largos, es bastante sobresaliente y es poco probable que pudiese ser superada por un administrador estatal, y aquí  vale la pena recordar el DL 3.500 de 1980 que obliga a tener recursos propios invertidos por el 1% del total administrado invertido de la misma manera,  lo que sin duda genera los incentivos correctos . Nunca está de más recordar, que la rentabilidad del Fondo C, continuador del antiguo fondo único, presenta una rentabilidad promedio real de 8.67% en los últimos 30 años, lo que es muy sobresaliente. Por otro lado, como ya se mencionó, uno de los  mayores problema del sistema es la baja densidad de cotizaciones de las mujeres y aquellos con empleo más precario, ¿cómo podría una AFP estatal solucionar esto?

Por último, retroceder a un sistema “pay as you go”  parece muy poco razonable. En el contexto del envejecimiento de la población mundial, mantener la solvencia de estos sistemas requiere de importantes  cambios  que incluyen: aumentar la edad de jubilación, incrementar las  tasas de cotización o  impuesto, y reducir beneficios y pensiones. Todas cosas muy difíciles  e impopulares,  por la tensión inherente entre población activa y jubilados que este sistema genera -¿se rebajan las pensiones de los jubilados para no cargar más a los activos, o se pide un esfuerzo adicional a los activos para no perjudicar a los jubilados?-

La transición al sistema actual ha implicado un sacrificio para todos los chilenos, financiando  Bonos de Reconocimientos y  lo que queda del sistema antiguo, mientras además cada quien ahorra para su vejez. Este sacrificio claramente no ha sido en vano y el sistema construido es  un regalo para generaciones futuras que debe ser protegido, especialmente de ataques infundados.