ACUERDO CONSTITUCIONAL: TAN LEJOS, TAN CERCA

A continuación, reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada en VOCES de La Tercera.

Mario Moreno Cantinflas marcó a mi generación. Con sus frases memorables no sólo nos hacía reír (“Es que a mí me gustan mucho los animales. -¿Ah, sí? -Por eso usted me cayó muy bien”), sino que nos iba educando, a los que fuimos niños durante los 80’s, en una personalidad típicamente latinoamericana: aquella marcada por un lenguaje ampuloso, grandilocuente, que busca desorientar a su interlocutor a través de las formas, para esquivar el fondo. Todos entendemos bien qué significa un cantinfleo. Traigo este personaje a la memoria porque hasta una muy afortunada entrevista reciente del coordinador del equipo constitucional de Bachelet, Francisco Zuñiga, los movimientos ambiguos y zigzagueantes sobre la ruta de la reforma constitucional, tanto de parte de la propia candidata como de dirigentes políticos de la Nueva Mayoría, nos recordaba algunos de los momentos estelares de nuestro querido personaje.

Claro, bajo el paragua de la propuesta constitucional de Bachelet debían caber tanto los más moderados y minimalistas –aquellos que están por un camino gradual de reforma a la Constitución, respetando los mecanismos de reforma de la actual Constitución, y, como dijera Jorge Correa, yendo al debate constitucional con goma de borrar más que con lápiz–, como los maximalistas que proponían avanzar hacia una Asamblea Constituyente, esquivando los mecanismos de reforma de la Constitución actual, incluso bajo fórmulas autoritarias. Todos ellos fueron exégetas en algún punto de las palabras de la candidata o de las frases más bien generales redactadas en su programa constitucional. La idea de un proceso constitucional “participativo”, “democrático” e “institucional” llenó páginas y páginas de sesudos análisis acerca del contenido preciso, sus alcances y límites.

El que en días recientes se haya descartado formalmente la Asamblea Constituyente es positivo y valioso. Es más, se ha comenzado a delinear una suerte de ruta de la reforma, con epicentro en el Congreso Nacional –donde, por lo demás, debe ser–, basado en el envío de un proyecto de reforma o Nueva Constitución para el segundo semestre de 2014, y en donde el elemento participativo estaría asociado a la existencia de diálogos ciudadanos en las diversas regiones y la ratificación posterior del proceso de reforma mediante referéndum. Estas ideas deberán ser precisadas desde marzo para poder ser enjuiciadas a cabalidad, pero en principio, parece una ruta interesante y mediante reformas, compatible con la Constitución. Por cierto, es una ruta institucionalmente muy superior a aquella alternativa basada en que la Presidenta, vía decreto, convocara a un plebiscito inconstitucional no controlable por el Tribunal Constitucional –en la arquitectura de sus autores– que llamara a pronunciarse respecto de una Asamblea Constituyente.

No se trata acá de demonizar las Asambleas Constituyentes per se. Pero ni están dadas las condiciones para que sea pertinente a la realidad chilena, ni las formas propuestas los últimos meses –especialmente la alternativa mencionada– eran respetuosas de nuestra institucionalidad. Más aún, no deja de ser una fórmula que esconde, pensando en el Congreso chileno, una crítica abierta e inaceptable a su legitimidad y a echarlo por la borda como pieza central del proceso constitucional que se avecina. Botar a la basura hoy al Congreso Nacional, a que deje de cumplir su rol constituyente, difícilmente haría que este resucitara en legitimidad tras el “bautizo” institucional subyacente a la Asamblea Constituyente, más aún, cuando se ha propuesto incorporar a la Constitución desde la Nueva Mayoría, fórmulas de democracia plebiscitaria ante diferencias menores entre el Presidente y el Congreso que potenciarían más nuestro hiper presidencialismo. Se trata, por lo demás, de una fórmula de amplio uso en la región; una estocada letal a la democracia representativa.

La ruta anunciada obviamente ha generado críticas por parte de algunos defraudados, especialmente aquellos exégetas que veían, y todavía ven, la Asamblea Constituyente como la única forma legítima de reforma constitucional. Es cierto que muy de vez en cuando algún vocero usa la Asamblea Constituyente como carta frente a un eventual bloqueo generalizado por parte de “la derecha” –frase que bien pronunciada busca ser peyorativa, sinónimo de antidemocrático– , pero el que se esté despejando la cuestión del mecanismo es relevante para entrar al fondo del debate.

En efecto, diversos dirigentes políticos e intelectuales de la Nueva Mayoría consideran que existiría una Nueva Constitución si se reemplaza el sistema binominal; se terminan las leyes de quórum (sean orgánicas constitucional o de quórum calificado); y se eliminan los controles preventivos a los proyectos de ley (obligatorio y eventual) que tiene el Tribunal Constitucional. Existen una serie de otras propuestas en el programa constitucional de Bachelet pero estos son los centrales. Desde la centroderecha, programáticamente preocupada por los límites al poder del Estado, la existencia de controles y contrapesos a la mayoría de turno, y el respeto a las libertades individuales, se han entregado dos señales públicas potentes por parte de importantes dirigentes del sector: ser proactivos en la búsqueda de acuerdos en materia constitucional, evitando posiciones de trinchera inconducentes; y que no hay vetos ni bloqueos para discutir en profundidad las tres reformas paradigmáticas planteadas por la Nueva Mayoría. Basta comparar la oferta programática constitucional de la centroderecha con la de Bachelet para ver importantes espacios de acuerdo tanto en estos tres como en otros temas.

Es cierto; existirán maximalistas de uno y otro sector al comienzo, durante y al final del proceso –quienes defienden el statu quo o los que creen que sin Asamblea Constituyente todo será puro un maquillaje y el reino de la ilegitimidad; los que pondrán los acuerdos en términos de blancos y negros, sin aceptar matices o gradualidad; y quienes, hacia el final, querrán patear la mesa en uno u otro sentido cuando no hayan obtenido el 100% de lo esperado–; existirá también el desafío de dar espacio a la participación ciudadana en términos que no desplacen la centralidad del rol del Congreso Nacional en el proceso. Pero Chile ha demostrado en las últimas tres décadas haber sido capaz de construir una democracia sólida, con una transición a la democracia ejemplar, y basada en el respeto a su institucionalidad. Es parte de un capital institucional reconocido en el mundo entero. Una sana evolución constitucional, aconseja, una vez más, que el camino largo y trabajoso de los acuerdos, no es sólo aquel que entrega estabilidad y legitimidad a las reformas, sino es el que, en definitiva, permite unir, en vez de dividir, a nuestra comunidad política.