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A PROPÓSITO DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL

La Segunda

A continuación reproducimos la columna de Francisco Klapp, Investigador del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, publicada en La Segunda.

 

Pensar que el proyecto de ley que busca mayor autonomía y moderniza al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es una respuesta a los cuestionamientos de los resultados de la última Encuesta CASEN, particularmente en cuanto al nivel de pobreza y la difusión  –apropiada o inapropiada- del mismo, es caer en un profundo error.

Chile, al ser aceptado en el club de los países prósperos de la OCDE, hizo explicito su compromiso de trabajar en robustecer aun más  la institucionalidad estadística del país acercándose a los altos estándares de calidad técnica e independencia que este grupo recomienda, mirando  así  hacia el modelo de los países desarrollados, donde quien responde y es capaz de afectar un indicador, es precisamente quien no debiese medirlo o en su defecto no  influir fácilmente en quien lo mide. Un positivo compromiso que de paso convertiría a Chile en la segunda nación, después de México, en adoptar estas buenas prácticas internacionales en Latinoamérica.

El Ejecutivo espera que el proyecto se encuentre aprobado en noviembre, lo que ojalá suceda considerando que se trata de un proyecto que incorpora elementos muy valiosos que apuntan al cumplimiento de los objetivos antes descritos, entre otros y sin pretender que esta sea una lista exhaustiva, se encuentran: la creación de un Consejo Nacional de Estadísticas con 5 integrantes designados por el Presidente con aprobación de 2/3 de los Senadores, que siguiendo al modelo del Banco Central (BC) elaborará la política estadística nacional y velará por la calidad  técnica del INE; el remplazo de la actual Comisión Nacional de Estadísticas por una Comisión Interministerial de Estadísticas que realmente coordine un sistema nacional de estadísticas, promueva la estandarización y recomiende nuevas estadísticas que el país necesita; el reforzamiento  del secreto estadístico; el  potenciar las sanciones a la negación de entrega de información  y la incorporación de nuevas funciones para el INE como certificar y visar todas las estadísticas oficiales de la nación.

Si bien, como en todo proyecto de ley habrá objeciones, éstas no parecen demasiado contundentes como para entorpecer la aprobación y probablemente sea el aspecto coyuntural de la negociación con la asociación de funcionarios del INE la situación más compleja. Dentro de otros puntos que pueden ser objeto de discusión se encuentra el hecho de que no se ha buscado entregarle rango constitucional al INE como tiene el Banco Central (BC), lo que se entiende por su alto costo legislativo y el precedente que podría sentar, al no haber dejado de manera explícita que será el INE quien se encargue de futuras CASEN, lo que resulta innecesario pues de todas formas se le puede encomendar o simplemente apelar al nuevo rol certificador del INE, sin la necesidad de mover el instrumento del Ministerio de Desarrollo Social; por último, en cuanto al “cuoteo” de consejeros que podría suscitarse, los 2/3 de aprobación en el Senado, quórum mayor que el requerido para ratificar a los consejeros del BC, asegurarán que se trate de personas calificadas en lo técnico y consensuadas en lo político.

El INE y el BC son las dos instituciones generadoras de estadísticas más reputadas y confiables del país, la aprobación de este proyecto viene a fortalecer esta tradición y nos asegura que sea aun más difícil que en nuestro país se cometan las atrocidades y manipulaciones que vemos al otro lado de la cordillera, donde analistas privados estiman que el gobierno podría recortar a la mitad  -25,6% versus 10,8% para 2012– las cifras de inflación, un estimador especialmente sensible para todos  pues captura el incremento en el costo de la vida, o en otras palabras, la pérdida de riqueza de las familias.

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