A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada en El Mercurio Legal:
Recientemente se llevó a cabo el “Encuentro Pro Inversión y Competitividad”, el que tuvo por objeto avanzar en una agenda de reformas en estos ámbitos, y en donde se analizó el tema más general de las dificultades que enfrentan las empresas para invertir, y los más específicos vinculados al alto costo de la energía, el impacto social de los proyectos de inversión en las comunidades donde se llevan a cabo, y perfeccionamientos al sistema de evaluación ambiental, permisos sectoriales, y tramitación de proyectos mineros.
Se trata de un tema de la mayor importancia y en donde debe existir una mirada país que busque equilibrar el necesario salto de Chile hacia el desarrollo (el que se estima posible hacia finales de esta década). Fruto del encuentro se presentaron más de una decena de medidas en las materias antes tratadas; sin embargo, estimamos que hay tres muy relevantes vinculados a cuestiones de diseño institucional que no tuvieron la presencia adecuada; y en las cuales he insistido anteriormente en columnas en este foro y en otros.
En primer lugar, nuestro modelo de reguladores sectoriales está obsoleto. Así de claro. Las Superintendencias carecen de la necesaria independencia para llevar a cabo sus cometidos, están sujetos a una muy fácil influencia del Gobierno y pueden atentar muy fácilmente con los propósito de política pública perseguidos. Este debate cobró fuerza durante algunas días en 2011 con la entrega por parte del Ministerio de Hacienda del Informe de la Comisión para la Supervisión Financiera (también denominado “Informe Desormeaux”), que propuso abandonar el actual modelo de regulador en valores y seguros para avanzar hacia dos agencias regulatorias independientes. En la OCDE el modelo de Superintendencia está en vías de extinción por el de las agencias regulatorias independientes, cuya adopción en Chile hemos propuesto en trabajos académicos.
En segundo lugar, uno de los avances más relevantes del derecho regulatorio contemporáneo ha sido la introducción a gran escala de los RIA (regulatory impact assesment o analysis en su versión europea y en la OCDE); o CBA, cost benefit analysis, en la versión norteamericana), a la hora de evaluar la eficiencia de una determinada norma regulatoria que busca ser incorporada al ordenamiento jurídico. En efecto, dicha norma en su inciso primero establece que, en el procedimiento para la dictación de reglamentos y normas de carácter general, todos los ministerios u organismos que dicten o modifiquen normas jurídicas generales que afecten empresas de menor tamaño, deberán incluir entre los antecedentes preparatorios, una estimación simple del impacto social y económico que la nueva regulación generará en las empresas de menor tamaño.
Lamentablemente, el inciso tercero y final de dicha norma, establece que el incumplimiento de las obligaciones referidas en los incisos precedentes no afectará en caso alguno la validez del acto. Como es de fácil comprensión, esta cláusula final liquida completamente la exigencia de RIA en la evaluación de toda norma administrativa que pueda imponer costos regulatorios excesivos a las PYMEs, cuestión que ha sucedido en la práctica: la escasa evidencia existente demuestra el ínfimo uso de esta norma. En países como Estados Unidos, la regla es, por lo general, la opuesta: precisamente para la validez de los actos es obligatorio el RIA.
Finalmente, y como he sostenido en una columna anterior, en Estados Unidos, la administración Obama, mediante la Orden Ejecutiva N° 13,563 denominada “Mejorando la Regulación y la Revisión Regulatoria”, ha puesto el énfasis en realizar un proceso de revisión retrospectiva de las regulaciones que puedan estar en desuso, ser ineficaces, insuficientes o excesivamente costosas para las empresas. Como consecuencia de esta revisión, 26 agencias administrativas dependientes del Gobierno, como también algunas agencias independientes, han anunciado la adopción de una serie de medidas para reducir cargas regulatorias innecesarias que generan costos injustificados al sector privado. El Presidente Obama anunció que se estaban estudiando cerca de 500 reformas, y sólo una fracción de ellas van a generar ahorros a las empresas y a los individuos más de US$ 10 billones en los próximos 5 años.
