A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN EL DINAMO EN RESPUESTA A COLUMNA DE EDUCACIÓN 2020:
Manuel Sepúlveda plantea su desacuerdo con mi columna publicada el día martes en este mismo medio. Según él, hay al menos tres ideas erróneas que carecen de sustento. Le agradezco sus comentarios, que sin duda permiten enriquecer el debate sobre una materia que está lejos de concluir, y aprovecho de completar la argumentación.
En primer lugar, Sepúlveda replica mi afirmación sobre la menor heterogeneidad del sistema municipal y mayor diversidad dentro del sector particular subvencionado. Si bien existen trabajos que estudian el tema, no constituyen evidencia concluyente. Los índices que se han usado para medir segregación usan una definición dicotómica de vulnerabilidad (vulnerable o no, suponiendo que los alumnos dentro de cada grupo fuesen iguales). Al hacer esto, se desestima la diversidad que existe dentro de cada grupo: los alumnos vulnerables no son todos iguales, y los no vulnerables son también de una alta diversidad. En general, este tipo de indicadores se usan para la segregación racial, que distingue entre negros y blancos. En el tema de segregación escolar, en cambio, el grado de vulnerabilidad es un continuo, y distintas definiciones de dos grupos pueden arrojar resultados distintos. Quizás el único índice que considera la variabilidad entre aquellos clasificados como vulnerables y no vulnerables, es el indicador usado por la OCDE el 2011, que es justamente el que nosotros replicamos. Por otro lado, el análisis de regresión de Valenzuela et al. por el que se vincula el financiamiento compartido con la segregación presenta problemas de endogeneidad y, por lo tanto, sesgo en las estimaciones, limitación que los mismos autores reconocen. Si bien se trata de una contribución valiosa en el entendimiento de un fenómeno poco estudiado en Chile, no constituye evidencia suficiente como para justificar políticas públicas.
Otro trabajo que trata este tema, usando una metodología distinta, es el de Gallego y Hernando[i]. Ellos simulan el impacto en bienestar y segregación de pasar de un sistema con copago como el actual, a uno sin copago en que los alumnos se distribuyen aleatoriamente en los colegios. Encuentran que es el sector que paga financiamiento compartido el que se ve beneficiado con esta medida, mientras que para el resto no es relevante, y que además el impacto en la disminución de la segregación es mínimo. Además, encuentra que los estudiantes más vulnerables se benefician de un sistema de elección como el nuestro, pues tienen la posibilidad de escoger colegios en otras comunas, mezclándose así con menores de otros barrios. Estos resultados constituyen una evidencia de que la segregación escolar depende más de factores asociados a la demanda (a la elección de los padres) y no de oferta, hipótesis apoyada también por los resultados de las Encuestas CEP que muestran que el 70% prefiere educación particular subvencionada por sobre municipal, y que esta elección obedece principalmente a la búsqueda de calidad. Si la búsqueda de diversidad no es un atributo muy valorado (sólo el 25% la cita, versus un 70% que aboga por calidad académica), no tiene sentido imponerla bajo el argumento de que quienes toman las decisiones en el país sí lo creen relevante. Los apoderados son los más capacitados para tomar las decisiones sobre el bienestar de sus hijos, y creo que no se puede desconocer esta realidad.
Segundo, según Sepúlveda, el financiamiento compartido ha reducido al mínimo la posibilidad de elección de las familias. No nos olvidemos que así como estos colegios recaudan recursos adicionales a través del copago (US$ 480 millones), los colegios municipales reciben también recursos públicos adicionales por US$ 830 millones. En términos generales se puede decir que los recursos del copago han sido mejor usados, pues la última evidencia seria sí apunta a que el sector particular subvencionado tiene un mejor desempeño que el municipal[ii]. Más aún, nuestros cálculos con datos de panel arrojan une evolución más favorable incluso para colegios con financiamiento compartido en los grupos socioeconómicos bajos. La comparación de puntajes simples que hace Sepúlveda, sin controlar por otras variables, no permiten concluir nada. No podemos asumir que el financiamiento compartido reduce las opciones de las familias, pues puede ocurrir lo contrario, en la medida que los recursos extra permiten más alternativas de calidad que de otra forma no podrían financiarse. Ambas son hipótesis que todavía se deben estudiar.
Para terminar, estoy de acuerdo con Sepúlveda: es impresentable que determinadas ideologías “se transformen en verdaderos caprichos que desconocen investigaciones serias e ignoren la realidad de nuestro país”. En esta línea, creo que la política pública no puede pasar por alto las decisiones y deseos de los mismos padres, asumiendo que un tercero está más capacitado para decidir por ellos.
[i] Gallego, F. y Hernando, A. (2008). “On the determinants and implications of school choice: semi-structural simulations for Chile”. Journal of LACEA Economia, Latin American and Caribbean Economic Association.
[ii] Drago, J.L. y R.Paredes. (2011). “La brecha de calidad en la educación chilena”. Revista CEPAL.
