A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada en www.eldinamo.cl
En días recientes he tenido la posibilidad de participar en Bali, Indonesia en el seminario sobre Constitution Building for Democracy, organizado por el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) y el Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC).
La conferencia trató acerca de un tema que es tan relevante como controversial: el proceso de elaboración de una Constitución Política, o el proceso de reforma (intensa) a una existente; cuestión que ha sido eje de la vida política reciente en varios países de Asia, Africa, como también, y de manera más cercana en nuestro vecindario, en Bolivia y Ecuador.
El proceso es complejo: IDEA lo ha sistematizado sobre la base de seis ejes o etapas: (i) inicio del proceso; (ii) establecimiento de mecanismos formales (por ejemplo, si el proceso se llevará mediante la elección de una Asamblea Constituyente, la acción del Congreso actualmente electo, una comisión técnica, etc.); (iii) negociación y acuerdos; (iv) redacción; (v) promulgación; e (vi) implementación.
Y si bien el proceso –y como lo ha demostrado la experiencia de más de una veintena de países que han enfrentado éste en la última década–, está cierta y fuertemente relacionado con el contexto político local (por ejemplo, se trata de la transición desde una situación de guerra externa o interna, o desde un régimen autoritario a uno democrático), y el que no pueda ser visto como uno lineal (la mayoría de las etapas se están llevando a cabo simultáneamente); es posible encontrar una serie de elementos comunes en la experiencia comparada reciente.
En este sentido, y en primer lugar, se trata de un proceso eminentemente político, esto es, hay poco espacio para la deliberación puramente intelectual y en que los juegos de poder no terminen por tomarse, más temprano que tarde, las discusiones. En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, no deja de llamar la atención que en casi la mitad de los casos estos procesos fracasan.
Ambas cuestiones parecen consecuencia evidente del sentido mismo de una Constitución Política: se está, al final del día, definiendo y estableciendo las reglas de poder del sistema político. Ello contrasta con una mirada más bien inocente que existe respecto de estos procesos, donde suele pensarse que se está ante una cierta acción de unidad nacional por parte de los partidos políticos.
Mirando la región, e incluso el debate en nuestro país –ya tenemos candidatos presidenciales invitándonos a una asamblea constituyente–, buena parte de la experiencia comparada muestra que estos procesos constituyentes, o bien buscan imponer un régimen autoritario por la vía plebiscitaria y del asambleismo; o bien comienzan buscan transformar la Constitución en un programa político utilizado más para instalar banderas igualitaristas, de justicia social o una mirada maximalista de derechos, que para entender realmente el sentido de las Constituciones: limitar el poder político, garantizando las libertades individuales.
Cuando por estos días se levantan voces pidiendo ¡Asamblea Constituyente! debemos mantener una cierta cuota de escepticismo: no sólo porque se trata de una forma sofisticada –al igual que el de las voces que querían plebiscitar los elementos centrales del debate educacional del año pasado– de patear las decisiones políticas complejas hacia una idea abstracta de “nueva Constitución”; sino, y principalmente, porque, si vemos la experiencia internacional, se trata de rearmar el escenario político para buscar favorecer a grupos políticos específicos –o darles mayor poder del que ya tienen–.
