PROYECTO DE LEY DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA: CUIDADO CON LAS BUENAS INTENCIONES

A continuación reproducimos la columna de Natalia González, abogado senior de LyD, publicada en Pulso:

Durante la discusión en el Congreso del Proyecto de Ley de Información Consolidada, se han levantado algunos puntos que, desde la vereda de las buenas intenciones, resultan plausibles, pero que mirados en perspectiva pueden terminar por perjudicar a quienes se pretende ayudar. En esta línea, se ha planteado excluir del sistema de información comercial deudas inferiores a un monto determinado; se han agregado plazos para diferir la entrega de antecedentes a los agentes que en él participan, generándose vacíos temporales de información, y se ha propuesto, por temor al mal uso de la información por los proveedores de crédito, que ellos no puedan retener información comercial, incluso de sus propios clientes ni aún dentro de los plazos legales.

Es muy probable que las deficiencias del sistema actual, sobre todo respecto de la protección de los titulares de los datos, inspiren muchos de estos planteamientos. Sin embargo, se olvida que lo propuesto busca precisamente hacerse cargo de esos defectos al brindar herramientas efectivas de protección a los titulares de los datos; prever mecanismos de control de calidad y veracidad de la información y  dar una efectiva supervisión al funcionamiento del sistema, con capacidad sancionadora. Todo esto resultará en un perfeccionamiento a la operación del mercado en beneficio del consumidor.

El fin último de la iniciativa legal, junto con brindar mayor protección a los titulares de los datos, es atenuar de manera relevante la asimetría de información existente entre deudores y acreedores, de manera que éstos puedan evaluar mejor la capacidad de pago de aquellos. Y es que cuando la información es escasa o no es fidedigna, se produce un perjuicio al sistema en general. A los acreedores, por cuanto ellos tomarán decisiones ineficientes y con mayores costos involucrados, y a los consumidores por cuanto serán objeto de tasas de interés calculadas en base a un riesgo promedio, que tienden a presionar las tasas al alza. En último término, la falta de información puede terminar por restringir el acceso al crédito.

Por ello, resulta preocupante que se instale en la discusión una inclinación a excluir datos del sistema o a suspender su entrega bajo la premisa que ello importará mayor protección al deudor, cuando en realidad el efecto es el contrario. En este sentido, resulta más sensato crear mecanismos efectivos de fiscalización y de castigo a las conductas que se apartan o importan un abuso de la norma, que vetar la conducta en sí misma.