ARAUCANÍA: LA VIOLENCIA COBRA OTRA VIDA

A continuación reproducimos la columna de Claudia Hernández, investigadora del Programa Sociedad y Política de LyD, publicada en Pulso:

Este fin de semana hubo un rebrote de violencia en La Araucanía. El ataque incendiario contra 3 camiones y la provocación de un incendio forestal nos recordaron los lamentables ataques que presenciamos a fines del año 2011 y principios de este año. Al parecer, el protagonismo que tomó el conflicto en Aysén calmó por un tiempo los ánimos, pero lo ocurrido el pasado lunes no tiene precedentes.

Tras un allanamiento de dos casas de sujetos identificados e investigados en la Comunidad Wente Winkul Mapu, en la comuna de Ercilla, un carabinero perdió la vida y otros dos resultaron gravemente heridos. Aún cuando debe ser la Justicia la que debe determinar los responsables de los disparos, estos hechos evidencian un clima de violencia que ha caracterizado a la zona en la última década.

Lamentablemente, en nuestro país la política indígena se ha caracterizado por ser superada por algunos hechos de la coyuntura y por una poca disposición al diálogo de las partes involucradas. Si bien las mesas de diálogo eran una buena instancia, éstas no lograron los avances esperados. Y es que a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno en la entrega de recursos para la compra de tierras; de la entrega de fondos, tecnología y capacitación a través del Programas de Desarrollo Territorial Indígena; de los esfuerzos por mantener su lengua a través del "Plan de rescate de lenguas originarias", y del aumento de Becas Indígenas, aún no se vislumbre una solución al problema.

Así, se reconoce el trabajo que está realizando la CONADI, especialmente en lo relativo al apoyo a las comunidades para el desarrollo productivo, pero se extraña una mayor determinación política que no puede ni debe ser asumida por éste órgano. Por ésta razón, las señales que debe entregar la autoridad deben ser claras y generar un cambio real para terminar con este espiral de violencia, donde debe primar el diálogo, pero también una postura decidida de mantención del Estado de Derecho.