A continuación reproducimos la columna de Susana Jiménez, economista senior de LyD, publicada hoy en La Tercera:
La central de generación termoeléctrica Castilla tiene sus defensores y detractores, razón por la cual hay unos más felices que otros con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió el recurso de protección en su contra. Las consecuencias del fallo son, sin embargo, sustanciales y, de no ser revertido por la Corte Suprema, habrá cada vez menos dispuestos a celebrarlo. En primer lugar, el fallo introduce incertidumbre para las futuras inversiones, porque representa un cambio de criterio frente a distintas normas -ambientales y de uso de suelo-, que califican de manera diversa una misma actividad. Hasta hoy, había primado el principio de especialidad, esto es, la norma ambiental por sobre la territorial, precedente que fue variado con el fallo. Lo anterior constituye un error, ya que la norma ambiental tiene parámetros objetivos y técnicos para calificar la actividad como contaminante, molesta o inofensiva, y la normativa urbana sólo se refiere a ello en términos generales, como que "puede llegar a alterar el equilibrio del medioambiente" esto es, cualquier actividad humana. Mal podría este último constituir un criterio aplicable, significando de paso que la Resolución de Calificación Ambiental pierde toda certeza, lo que perjudica directamente el desarrollo de nuevas inversiones en un sector tan indispensable como la energía eléctrica.
El riesgo de no contar con el suministro energético necesario incide en el desarrollo de la demanda de las ciudades y de proyectos industriales y mineros, con el consecuente perjuicio para la actividad y la generación de empleo. Se ha estimado que la Región de Atacama acogería inversiones mineras por cerca de US$ 25.000 millones en la presente década, lo que explica el fuerte crecimiento de demanda por energía proyectada por la CNE para el SIC Norte en este período (10% promedio anual vs. 6% en SIC total). Es cierto que existen otras fuentes de generación posibles (como el diésel), pero si se elevan aún más los costos de energía que enfrenta el país, habrá muchos proyectos que no podrán rentabilizarse.
Pero los costos de la paralización de proyectos como Castilla no se acotan a una región. Un mayor atraso en la entrada en operación de nuevas generadoras incide directamente en el costo y precio de la energía de todo el Sistema Interconectado. En efecto, Chile enfrenta una situación de estrechez de suministro a partir del año 2015, situación que se vuelve crítica ante la ausencia de nuevas inversiones y el retraso de proyectos hoy en carpeta. La mayor incertidumbre respecto del suministro futuro se reflejará anticipadamente en los precios, pues el incremento esperado en los costos marginales conlleva un mayor costo directo e indirecto (costo de oportunidad) para las generadoras, que incide a la hora de firmar contratos de suministro de largo plazo.
Resulta irresponsable continuar obstaculizando el desarrollo de proyectos termoeléctricos que, respetando la normativa ambiental, permitirán sostener el desarrollo socioeconómico que el país necesita con una generación segura y competitiva. Recurrir a consignas ambientalistas es, además, inconsistente, pues de seguir no aprobando proyectos de base, se llenará de centrales a diésel para cubrir la falta de energía.
