A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada hoy en El Mercurio.
Hoy, el nuevo presidente de la Corte Suprema dará inicio al año judicial 2012. En su discurso no sólo dará cuenta del trabajo efectuado por los tribunales de justicia durante el 2011 y entregará lineamientos respecto del 2012, sino que este hito en el calendario judicial contará seguramente con un invitado especial: el fantasma de la intensa controversia que tuvo la Corte hace pocos meses con el Ejecutivo. La forma de abordar esta última cuestión será decisiva a la hora de evaluar cuan favorable será la disposición de la Judicatura a cooperar con la agenda de reformas judiciales que está impulsando el Ministro de Justicia –destacando la reforma procesal civil–, con una sola restricción: la Corte necesita más que nunca el apoyo del Ejecutivo para modernizarse y adaptarse a los requerimientos del siglo XXI, condición sine qua non para recuperar el prestigio y la confianza ciudadana.
El discurso de inauguración del año judicial no sólo es un hito republicano; es ante todo una instancia política. Nada menos. Sin poder interferir en las funciones propias de los poderes políticos, este discurso se transforma en la instancia más relevante que tiene el Presidente de la Corte de pronunciarse sobre las decisiones que los poderes políticos han tomado en cuestiones jurisdiccionales, como asimismo –aunque rara vez ocurre a decir verdad– una espacio para desnudar las falencias del Poder Judicial.
Así, el año pasado, mientras Milton Juica en su alocución fue categórico en denunciar el colapso absoluto del sistema carcelario, la balcanización de lo contencioso administrativo mediante la creación de tribunales especiales, o la pérdida de tiempo en horas hombre de los 21 ministros que implica para la Corte la entrega de miles de títulos de abogados –dando cuenta que la eficiencia pareciera ser un valor que comienza a tomarse en serio entre los jueces–; fue también crítico del sistema de calificaciones. No es poco que un Presidente de la Corte reconozca que se trata de un régimen que afecta la independencia (interna) de los jueces a la hora de fallar –lo que fue confirmado recientemente en las últimas Jornadas de reflexión (XIV) de la Corte–.
Y si bien la forma en que el Presidente de la Corte decida equilibrar las dosis adecuadas de crítica y autocrítica, sólo podremos verla la próxima semana; no son tiempos para una Corte conservadora: la modernización del Poder Judicial pasa principalmente por un replanteamiento de la labor de la Corte Suprema, lo que implica reemplazar el actual esquema de gobierno judicial, de evaluación, de disciplina, carrera judicial, etc.–, minimizando el rol de la Corte en estas materias.
Una reforma a gran escala como la descrita no está en la agenda gubernamental, sin embargo, es posible pensar que la reforma procesal civil puede convertirse en una alterativa incremental y gradualista de cara a ese objetivo. En efecto, si mediante ésta se limitara sustancialmente el rol jurisdiccional de la Corte Suprema al conocimiento de los casos más relevantes del sistema, con el objeto principal de unificar la jurisprudencia –aunque probablemente no lleguemos al certiorari norteamericano que algunos hemos abogado por años, que permitiría a la Corte conocer sólo el 1% de los 9.000 recursos que ingresan actualmente–; estaríamos ante un avance sustantivo.
Tras esto, sería mucho más probable plantear minimizar su rol en las cuestiones administrativas, financieras, e institucionales (calificaciones y disciplina). Dichas materias quedaría en manos de comisiones ad hoc de expertos, académicos, jueces y ex jueces, dependiendo de la materia. Estaríamos así ad portas de una corte de 7 o 9 miembros que podrían, ahora sí, pasar a ser reconocidos individualmente por la ciudadanía y transformarse, quizás, en lo que un profesor de Yale ha denominado el ideal del “jurista-estadista”.
La palabra la tiene el Presidente de la Corte.
