LAS LECCIONES DEL PRESUPUESTO Y EL REAJUSTE

A continuación reproducimos la columna de Daniel Montalva, abogado del Programa Legislativo y Constitucional, publicada en La Segunda:

Luego de dos meses de tramitación en un ambiente confrontacional y al límite del plazo legal, se aprobó sin mayores modificaciones la Ley de Presupuestos 2012, debiendo ocurrir lo mismo con el reajuste del sector público que actualmente se discute, con la correspondiente  insistencia del Presidente y la posible suscripción de un protocolo por el tema de los despidos en el sector público.

Para entender el por qué de la ocurrencia de anecdóticas situaciones durante la tramitación de dichos proyectos- como la maratónica sesión de  casi treinta horas o que la comisión mixta no tenga propuesta al reajuste siendo necesaria la insistencia o veto del Ejecutivo y contra el tiempo para que los trabajadores tengan bono de Navidad- es prudente entender el contexto constitucional que rodea la tramitación de estas emblemáticas leyes.

Para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuesto, la Constitución establece que de no despacharse el proyecto en 60 días después de su presentación, rige el inicialmente propuesto por el Ejecutivo y también  establece que el Congreso sólo puede reducir los gastos variables contenidos en el proyecto.

En cuanto al reajuste al sector público, la Constitución establece que es resorte exclusivo del Presidente de la República, aumentar remuneraciones, rentas o beneficios al personal de la Administración Pública.

Tales restricciones se fundan en que es el Ejecutivo el responsable de la estabilidad económica y de las finanzas públicas –de la “billetera”-, en consideración a que el legislador asumió, con justa razón, que el Congreso recibe mayores demandas por aumentar el gasto y a la vez no  posee ninguna responsabilidad fiscal, por lo que no hay incentivo para los parlamentarios de restringir estas peticiones.

Sin perjuicio de esto, no es posible desconocer el elemento negociador que posee el Congreso en la tramitación de dichas leyes, para lo cual posee ciertas herramientas como son los protocolos de acuerdo y la dilatación de la discusión a sus extremos, con objeto de lograr algún tipo de beneficios o para demostrar su molestia.

Sin embargo se ha llegado hoy a niveles preocupantes, ya que tramitaciones anteriores se caracterizaban por tener una oposición fiscalmente responsable, por lo que siempre la discusión se centraba en la justificación del aumento solicitado. Esto no  ocurre actualmente,  con una oposición que exige  más y más gasto, lo que hace más válidas y necesarias que nunca las restricciones ya señaladas para así evitar un despilfarro de los siempre escasos recursos públicos, sobre todo en épocas de incertidumbre económica internacional como la que actualmente vivimos.