EVALUACIÓN DE LOS JUECES

A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada hoy en La Tercera:

En días recientes el Presidente de la UDI y senador Juan Antonio Coloma, ha presentado un paquete de 14 medidas antidelincuencia, las que han sido bienvenidas por parte de diversas autoridades y académicos. Lamentablemente, no ha sido esa la posición de la Corte Suprema, al menos según lo expresado por su vocero en torno a la propuesta de modificar el actual sistema de calificaciones de los jueces por un nuevo sistema de evaluación.

La propuesta “peligrosa” e “inconstitucional” consiste en modificar el sistema actual de calificaciones, por una evaluación anual de los jueces basada en varios indicadores, tanto cuantitativos (número de ingreso, sentencias, pendientes; asistencia a las audiencias agendada; permisos y ausencias; etc.) como cualitativos que pueden ser objetivados, (satisfacción de usuarios con el servicio prestado –no con el resultado de la sentencia–; número de revocaciones de sentencias por parte del tribunal superior, o el no respeto a la jurisprudencia existente). Junto con lo anterior se podría pensar en otros que se vinculan al desarrollo profesional de los jueces (postgrados, capacitación, publicaciones, etc.). Todos los indicadores antes mencionados recibirían distintas ponderaciones. Ello sería además aplicado por un evaluador externo, órgano de composición mixta (jueces, ex-jueces, expertos en gestión, etc.), entregando un informe público.

Junto con ello se propone profundizar el actual esquema de bonos por desempeño institucional y colectivo para el Poder Judicial que busca asociar incentivos económicos al cumplimiento de ciertas metas (que es un modalidad de evaluación por desempeño); perfeccionado dichos bonos, incorporando una variable individual, y en donde, junto con establecerse los actuales incentivos económicos, se piense en otros. Lo más curioso de esta parte de la propuesta es que el vocero considere que se pueden generar “espacios de corrupción” en un sistema que impera desde hace bastantes años.

El que el vocero de la Corte Suprema haya calificado de “peligroso” e “inconstitucional” la propuesta demuestra más bien que es bastante poco lo que se quiere avanzar en esta materia. Como sabemos, nuestro actual sistema de calificaciones es decimonónico, atentatorio contra la independencia judicial interna y pilar en el surgimiento de la institución del “besa-manos” como mecanismo de acenso en la carrera judicial. El peor de los mundos. La propuesta por lo demás, no hace sino recoger buenas prácticas observadas en la experiencia internacional.

En efecto, ¿qué significa para una sociedad democrática que “es peligroso para la independencia del Poder Judicial que los magistrados queden sometidos a un escrutinio público”? Independiente de la exegesis que podamos hacer respecto de la frase, lo que subyace a ella es una cuestión profunda acerca del auto-entendimiento que tiene la Corte de sí misma frente a la ciudadanía: los jueces no deben rendir cuentas de su labor. Lamentablemente ello no es compatible con una sociedad democrática.