REINCIDENCIA Y REINSERCIÓN: UN FUTURO PARA LOS RECLUSOS

A continuación reproducimos la columna de la Coordinadora del Programa Seguridad Pública y Justicia, Eliana Claro, en La Segunda.

El sistema penitenciario chileno está en crisis. El hacinamiento y la falta de dignidad lo han transformado en una verdadera “escuela del delito”, donde el contacto criminológico es fuerte y las posibilidades de una reinserción social futura son bajas.

Así lo muestra el estudio “Reincidencia en el Sistema Penitenciario Chileno” de Fundación Paz Ciudadana, que  nos señala  la necesidad de diseñar, implementar y evaluar políticas orientadas a resolver esta situación. Según dicho estudio, de los condenados del sistema cerrado, un 50,5% reincide y por lo general antes de un año, sobre todo quienes cumplen condenas cortas. En tanto,  de los afectos al régimen de medidas alternativas, sólo un 27,7% reincide, y en un plazo mayor.

Afortunadamente, el Gobierno está trabajando fuertemente en la materia: Con respecto a las medidas alternativas, propone una serie de avances de manera de transformar éste en un sistema eficaz, destacando la ampliación del catálogo de dichas medidas y un sistema de radiofrecuencia para fortalecer el cumplimiento y proteger a la víctima. En materia laboral, se trabaja en una política de fomento al trabajo penitenciario, con el fin de mejorar el acceso al mundo privado y a los programas sociales del Gobierno, además de un “Estatuto Laboral para Población Penal Recluida”. En cuanto a la rehabilitación, se pretende la institucionalidad del programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas, para aumentar el abanico de beneficiarios e implementar un sistema de información y capacitación nacional. Por último, en materia penitenciaria se propone una reforma integral al sistema, basada en organizar a la población penal según su nivel delictual, mediante centros que se adecuen a las necesidades y procedimientos que sus presos y Gendarmería requieran. Con este sistema, se pretende fortalecer el desarrollo, crecimiento y compromiso de condenados, y aumentar la capacidad carcelaria en un 30%, disminuyendo  el hacinamiento actual de 60% a un 15%.

Así, las medidas está llevando a cabo el Gobierno apuntan correctamente a la urgente necesidad de fortalecer las condiciones penitenciarias para mejorar la reinserción social, disminuir la reincidencia y reducir efectivamente las tasas de delincuencia.

Sin embargo, este debate también presenta desafíos institucionales significativos. Al respecto, debe reconocerse la necesidad de una institución, distinta a Gendarmería que se especialice en la supervisión de penas cumplidas bajo libertad y que permita a aquélla dedicarse a su función principal: vigilar la cárcel y rehabilitar a los presos.