INCONSTITUCIONALIDAD EN EL POSTNATAL

Polémica ha levantado la discusión del proyecto de ley que amplía el posnatal. La jugada legislativa, realizada por un grupo de senadores, consistió en votar por separado uno de los principales artículos del proyecto que establecía el tope de 30 UF de subsidio. Con este ardid se "elevó" dicho tope, usurpando en la práctica el Poder Legislativo las facultades de administración financiera que la Constitución confía al Ejecutivo.

Lo anterior responde a una lógica muy armónica, pero a la vez muy sencilla, la que opera para todo administrador de un presupuesto: quien tiene la misión de velar por los ingresos, tiene la responsabilidad de los gastos. Por eso, la Carta Fundamental señala que los proyectos de ley que establezcan tributos, pero también aquellos que involucren gastos o endeudamiento público, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Esto ha sido entendido y aplicado correctamente en todos los gobiernos, lo cual explica en gran parte la disciplina fiscal de la cual todos nos vanagloriamos.

Más allá del tema técnico y jurídico, resulta grave constatar que los senadores que urdieron la medida no son ignorantes de lo que señala la Constitución al respecto: muchas veces lo hicieron valer durante la tramitación de proyectos de ley en los gobiernos de la Concertación cuando algún parlamentario -fuere de donde fuere- presentaba indicaciones que introducían gastos. Más grave aún es que esta maniobra sea calificada como astuta y ladina a sabiendas de su inconstitucionalidad. No es posible que cada vez que un determinado sector político recurra al TC sea "en defensa del estado de derecho", y cuando lo hace el bando contrario se esté "tratando de ganar el partido por secretaría". Esta inconsistencia es la que los ciudadanos queremos desterrar del sistema jurídico y la que explica por qué los políticos están en el último lugar de confianza en todas las encuestas.

Para ello es que nació el constitucionalismo; para defender a los ciudadanos de sus propios gobernantes cuando hacen trampa en el juego. Lejos de intentar un triunfo "por secretaría", lo que no se dimensiona es que el partido aún no ha terminado. Cuando se comete una falta, existe un árbitro (el TC) al cual uno puede recurrir, particularmente si el otro equipo ha conseguido marcar un gol con la mano. Pero, a diferencia del fútbol, aquí el árbitro sí puede parar el partido, revisar la jugada, pedir los videos, ver los argumentos de cada parte y la opinión de los veedores y guardalíneas para -mediante un justo proceso- resolver el asunto y decir si el gol fue o no viciado.

De igual forma, las normas constitucionales están establecidas para mantener el juego limpio, donde sencillamente no se pueden conseguir objetivos, por muy plausibles que sean, mediante cualquier maniobra, menos aún a sabiendas de su inconstitucionalidad. Si queremos cambiar las reglas y permitir los "goles con la mano", entonces pongámonos de acuerdo y generemos los consensos necesarios para producir este cambio. Pero mientras éstas sean las reglas, debemos jugar conforme a ellas. No vaya a ser que luego, si no nos gusta lo que determinó el árbitro, aleguemos que nos robaron el partido y terminemos echándoles la culpa a todos por nuestra propia incapacidad de marcar un gol jugando limpio.

 COLUMNA DE RODRIGO DELAVEAU, DIRECTOR DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, EN LA TERCERA.-