Hace diez años Chile cambió su sistema electoral con la promesa de ampliar la representación y abrir el Congreso a nuevas fuerzas políticas sin producir fragmentación excesiva. Tres elecciones después, el resultado es un Congreso atomizado que se sostiene con recursos del Estado y una ciudadanía cada vez más distante de los partidos que deberían representarla.
Entre 1989 y 2013, bajo el binominal, la Cámara de Diputados reunía en promedio 7,4 partidos. Con el sistema proporcional, vigente desde 2015, ese promedio saltó a 18 y hoy, tras la elección de 2025, se mantiene en 17.
El problema es doble. En un régimen presidencialista, un número tan alto de partidos entrega poder de veto a agrupaciones con mínimo respaldo, y la representación se debilita. En 2021 hubo 47 diputados electos con menos del 5% de los votos de su distrito, y quien obtenía el último escaño antes promediaba 25,38% y hoy promedia 4,74% de los votos.
En Libertad y Desarrollo revisamos las tres dimensiones que se han reformado por separado durante la última década: el sistema electoral, el financiamiento de la política y las reglas de constitución de partidos, estos tres elementos funcionan como un engranaje, y corregir solo una pieza no resuelve el problema de fondo.
Por eso LyD propone un paquete de medidas que abordan estas tres dimensiones, entre ellas, reducir la Cámara a 130 diputados con un techo de seis escaños por distrito, lo que eleva el umbral de acceso de 11,1% a 14,3% sin abandonar la proporcionalidad. En cuanto al financiamiento, se propone condicionar el aporte fiscal permanente a un umbral de 5% de los votos a nivel nacional, considerando que de los 49 partidos financiados entre 2016 y 2025 hoy 36 ya no existen. Y en constitución de partidos, se persigue elevar el requisito de constitución al 0,5% del padrón, con un piso de 1.000 electores por región.
El objetivo no es restringir la competencia política, sino ordenarla. Menos partidos y más sólidos, para que la proporcionalidad conviva con la gobernabilidad.