El Director del área Política y Sociedad Cicil de LyD, Rodrigo Ubilla, analizó en entrevista con La Tercera los ejes de la agenda de seguridad que promueve La Moneda. Dice que está de acuerdo con cambiar los regímenes carcelarios de ciertos reos, y sobre la oposición es enfático: no cree que tengan espacio para negarse a legislar en esta materia. A continuación, un extracto.

Detrás de esta ofensiva legislativa y la agenda de seguridad, ¿qué busca de fondo el Ejecutivo?

Primero que nada, no la llamaría ofensiva, la llamaría consecuencia con su compromiso, que, a mi juicio, fue el factor que lo hizo obtener un triunfo sólido en diciembre del año pasado. Lo que están haciendo el presidente y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, es empezar a abordar aspectos que han quedado pendientes. Si bien era urgente empezar con lo económico, no podía demorar mucho tiempo en abordar los temas de seguridad.

La agenda prioriza un paquete legislativo importante, pero el gobierno saliente de Boric aprobó decenas de leyes de seguridad que hoy están en implementación. ¿La prioridad no debiera ser aplicar lo que ya existe -como lo planteó el exministro de Seguridad Luis Cordero- en lugar de volver a estresar la vía legislativa?

Comparto el diagnóstico del exministro, pero creo que ello no es excluyente con una nueva agenda de seguridad. Tampoco es excluyente con una tercera dimensión, que es la gestión de seguridad, que tiene que ver con la coordinación de todas las instituciones del sistema -relacionado con la seguridad- que siempre es necesario estar revisando para mejorar los estándares. La capacidad de adaptación de las organizaciones criminales es muy superior a la capacidad de adaptación del Estado para combatir esos cambios. Y pensar que los cambios legislativos son momentos donde se cumple una agenda y después termina es no mirar el tema del crimen organizado de manera dinámica, como lo ven las organizaciones criminales. Una de las primeras cosas que el ministro Arrau dice a los pocos días de asumir es que le iban a dar continuidad a la política quinquenal -2025-2030- planteada por el gobierno de Boric. Esa fue una señal política que fue muy bien recogida por lo que es la actual oposición.

Con su experiencia como exsubsecretario del Interior en La Moneda, ¿cuál es la traba constitucional específica que hoy le impide al Estado desarticular al crimen organizado y que esta reforma solucionaría?

Aquí yo quiero hacer una salvedad, porque no se conoce el contenido de una reforma constitucional. Lo que dice el presidente es algo así como que el Estado debe asumir un deber de resguardar la seguridad pública; algo dice, además, respecto de reconocer en la Constitución regímenes penitenciarios diferenciados y algo dice de un estado de excepción a la alteración pública. Entonces, más que tener un elemento crítico o no crítico respecto de un cambio constitucional, yo quiero ponerlo en dos planos. 

¿Cuáles?

Me parece que la Constitución es un instrumento que debe considerarse para darle más seguridad a la sociedad, siempre y cuando esté ahí -en la Carta Fundamental- la clave para solucionar el problema. Hay muchos elementos que en el pasado se han tratado de resolver por ley, cuando son modificaciones de reglamentos. También se han propuesto cambios constitucionales, cuando pareciera que la respuesta estaba a nivel de leyes. Entonces, sin conocer el detalle de lo que el gobierno está pensando en estas materias, no estoy en contra de que hoy exista un interés de modificar algunos aspectos de la Constitución. 

¿Por ejemplo? 

Con la poca información que tengo, el reconocer regímenes penitenciarios diferenciados, de acuerdo a la participación en delitos complejos de crimen organizado, me parece que podría ser un tema (problema). Porque el Tribunal Constitucional podría decir, ¿por qué, frente a un delito de homicidio, existe un régimen penitenciario diferenciado? Es cierto que otros países tienen resuelto eso a nivel de leyes comunes, puede ser con quórum incluso, no a nivel constitucional, pero nosotros tenemos una institucionalidad donde existe un Tribunal Constitucional, que tiene que revisar algunas de las normativas aprobadas en el Congreso o cuando algún parlamentario recurre a él.

¿Usted ve esta agenda de seguridad con un claro sello republicano, más duro, o también la ve como una agenda propia de los partidos de Chile Vamos?

Creo que esto es una agenda completa, que tiene expresiones de distinta naturaleza. Yo identifico como seis o siete ejes distintos. Habla de seguridad penitenciaria, de control fronterizo, habla de crimen organizado, se refiere a la Macrozona Sur, etcétera. Y en ese sentido, yo siento que parte de los planteamientos que se discutieron en las campañas presidenciales de Evelyn Matthei, y del propio Kast, se recogen en esta propuesta. Entonces, no la siento como una propuesta partisana, la siento como una propuesta que refleja más bien una necesidad fundamental para seguir creciendo y para seguir reaccionando o respondiendo a las demandas que te genera el crimen organizado.

¿No ve excesos, entonces?

A mí no me parece que estas medidas -leídas con la bajada de títulos que conocemos- sean republicanas. Esto no quiere decir que no pueda el día de mañana tener diferencia. Pero, por ejemplo, darles legítima defensa privilegiada a los funcionarios policiales y de Gendarmería cuando estén de franco me parece que no es un exceso. No es una agenda republicana. Eso es un tema que todo lo que es la derecha durante años ha planteado. Así puedo darle muchos ejemplos.

Los críticos la describen como una agenda que da pie a un Estado policial.

La oposición no tiene mucho espacio frente a una propuesta de esta naturaleza. Porque esos parlamentarios que, frente a otro tipo de temas, construyen muros, barreras de contención para decir: no voy a aprobar la idea de legislar, no voy a participar en la discusión con el gobierno, en esta u otra materia, en este caso, no creo que lo tengan. Y no lo tienen porque la seguridad sigue siendo un tema prioritario. La gente, cuando llega a su casa, tiene temor a caminar las tres cuadras, porque sabe que hay una probabilidad alta de que lo asalten, que lo roben. Lo que se ve en televisión, en los medios de comunicación, no es una exageración, es una constatación de una realidad. Entonces, negarse a discutir estas agendas, yo creo que van a tener una clara crítica ciudadana. Creo que el espacio que le dieron a la reforma económica en los partidos de oposición no lo van a tener en el caso de este paquete de medidas legislativas en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque el país está demandando cosas distintas. 

Ver entrevista completa en aquí